Deterioro social: más del 70% de los hogares de mayores en sectores vulnerables no cubre la canasta básica

La situación económica de los adultos mayores en Argentina sufrió un marcado retroceso en los últimos dos años, alcanzando un pico crítico en el que el 46% de los hogares integrados por personas de 60 años o más no logra cubrir sus gastos básicos. De acuerdo con el informe «Vivir y envejecer en contextos de desigualdad» del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), este índice representa el registro más elevado entre 2017 y 2025, superando en cinco puntos porcentuales al período 2022-2023 y golpeando con mayor crudeza a los sectores socioeconómicos muy bajos, donde la insuficiencia de ingresos trepa al 71,1%.

El impacto de la crisis profundiza las desigualdades estructurales y repercute de forma alarmante en el acceso a la alimentación y los servicios elementales. El relevamiento destaca que la inseguridad alimentaria en el estrato más vulnerable escala al 39,1% —un riesgo 35 veces superior al del sector medio alto—, mientras que el 21,3% de los hogares de la tercera edad debió suspender el pago de algún servicio público por falta de dinero, cifra que roza el 40% en los contextos más desfavorables. Al mismo tiempo, la cobertura de programas de transferencia o asistencia social decayó al 26,8%, dejando desprotegida a una amplia porción de esta población.

El deterioro también se hace visible en el hábitat y las condiciones de vida cotidianas de los adultos mayores. Un 11,8% de este grupo etario reside en viviendas precarias o inadecuadas, proporción que sube al 27,5% entre los sectores de menores recursos, a lo que se añade que uno de cada cuatro ancianos a nivel general carece de acceso a redes esenciales de agua, gas o saneamiento, una privación que afecta a casi la mitad de las personas mayores situadas en la escala socioeconómica más baja.

En materia sanitaria, las restricciones presupuestarias obligaron al 35,2% de los hogares con adultos mayores a postergar o resignar consultas médicas y tratamientos farmacológicos, marcando un incremento de casi diez puntos porcentuales frente al bienio anterior y llegando al 55% en los sectores críticos. Si bien el PAMI continúa siendo la principal vía de atención para más del 70% de los afiliados, el descontento es palpable en el acceso a los remedios: menos de la mitad de los usuarios califica de manera positiva la cobertura farmacéutica, evidenciando el grave costo que la crisis económica impone sobre la salud en la vejez.