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La situación económica de los adultos mayores en Argentina sufrió un marcado retroceso en los últimos dos años, alcanzando un pico crítico en el que el 46% de los hogares integrados por personas de 60 años o más no logra cubrir sus gastos básicos. De acuerdo con el informe «Vivir y envejecer en contextos de desigualdad» del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), este índice representa el registro más elevado entre 2017 y 2025, superando en cinco puntos porcentuales al período 2022-2023 y golpeando con mayor crudeza a los sectores socioeconómicos muy bajos, donde la insuficiencia de ingresos trepa al 71,1%.
El impacto de la crisis profundiza las desigualdades estructurales y repercute de forma alarmante en el acceso a la alimentación y los servicios elementales. El relevamiento destaca que la inseguridad alimentaria en el estrato más vulnerable escala al 39,1% —un riesgo 35 veces superior al del sector medio alto—, mientras que el 21,3% de los hogares de la tercera edad debió suspender el pago de algún servicio público por falta de dinero, cifra que roza el 40% en los contextos más desfavorables. Al mismo tiempo, la cobertura de programas de transferencia o asistencia social decayó al 26,8%, dejando desprotegida a una amplia porción de esta población.
El deterioro también se hace visible en el hábitat y las condiciones de vida cotidianas de los adultos mayores. Un 11,8% de este grupo etario reside en viviendas precarias o inadecuadas, proporción que sube al 27,5% entre los sectores de menores recursos, a lo que se añade que uno de cada cuatro ancianos a nivel general carece de acceso a redes esenciales de agua, gas o saneamiento, una privación que afecta a casi la mitad de las personas mayores situadas en la escala socioeconómica más baja.
En materia sanitaria, las restricciones presupuestarias obligaron al 35,2% de los hogares con adultos mayores a postergar o resignar consultas médicas y tratamientos farmacológicos, marcando un incremento de casi diez puntos porcentuales frente al bienio anterior y llegando al 55% en los sectores críticos. Si bien el PAMI continúa siendo la principal vía de atención para más del 70% de los afiliados, el descontento es palpable en el acceso a los remedios: menos de la mitad de los usuarios califica de manera positiva la cobertura farmacéutica, evidenciando el grave costo que la crisis económica impone sobre la salud en la vejez.
