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El gobierno de Javier Milei atraviesa un momento de fuerte tensión interna producto del severo deterioro social y la profundización de la recesión económica. Mientras el presidente insiste en mantener el esquema de ajuste estricto con el respaldo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, figuras clave del gabinete como Luis Caputo, Sandra Pettovello y Patricia Bullrich advierten sobre los riesgos electorales de cara a 2027 si no se implementan medidas que alivien el bolsillo de la población. La preocupación política se intensifica ante la percepción de que el plan oficial pierde margen de maniobra y enfrenta crecientes presiones para matizar sus objetivos fiscales frente al malestar generalizado.
El impacto del programa económico se refleja de forma alarmante en el consumo masivo y en la actividad comercial cotidiana. Según datos de la consultora Scentia bajo el informe "Ticket Hormiga", más del 40 por ciento de las operaciones en supermercados barriales e hipermercados se limitan a cinco productos o menos, lo que evidencia el fin de las compras de abastecimiento. A la par, las principales compañías nucleadas en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) alertaron sobre el quiebre en la cadena de pagos de diversas cadenas comerciales del Área Metropolitana de Buenos Aires y del interior del país, las cuales comenzaron a rechazar entregas de productos de primera necesidad al no poder costear sus deudas.
En respuesta a la parálisis del consumo, el Palacio de Hacienda intenta articular paliativos de carácter financiero, recurriendo a fondos del FGS de Anses para créditos hipotecarios y manteniendo contactos frecuentes con el sector bancario. No obstante, dentro del propio oficialismo estas medidas son consideradas insuficientes frente a la magnitud de la crisis. Dirigentes como Bullrich han expresado en reuniones privadas que la continuidad del rumbo actual conduce a una derrota electoral, al tiempo que funcionarios de distintas áreas enfrentan tensiones gremiales, reclamos salariales e incrementos en la mora financiera incluso dentro de los cuadros de la administración pública.
Frente a este escenario de incertidumbre, el gran empresariado nacional e internacional despliega una estrategia dual en busca de garantías de gobernabilidad y previsibilidad para sus negocios. Al mismo tiempo que referentes del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) y el Grupo de los Seis buscan el respaldo diplomático y financiero de Estados Unidos, los principales ejecutivos corporativos abren canales de diálogo con figuras de la oposición, como el gobernador bonaerense Axel Kicillof y Sergio Massa, mientras grupos de peso industrial consolidan posiciones estratégicas para influir directamente sobre el presente y la futura sucesión política.
