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La Junta Electoral de la Unión Cívica Radical de Catamarca emitió un ultimátum perentorio a la lista encabezada por el exconcejal Carlos Luján para la conducción del Comité Departamental de Valle Viejo, intimando a sus apoderados a subsanar de manera urgente las inconsistencias y observaciones documentales registradas en su presentación partidaria. La decisión del cuerpo electoral fija un plazo estricto para cumplimentar los requisitos legales exigidos, bajo apercibimiento de dar de baja la postulación y dejar a dicho espacio fuera de la contienda interna.
La resolución es consecuencia de una impugnación presentada por el sector opositor que postula a Jessica Pacheco y Emiliano Vargas, desde donde sostuvieron que la nómina de Luján incumple las pautas acordadas en el acta constitutiva de la alianza provincial Radicales Unidos. Entre los argumentos centrales de la objeción, se remarcó la falta de respaldo formal de varios de los sectores firmantes del frente y se denunció la supuesta inclusión en las candidaturas de dirigentes que participaron activamente en otros espacios políticos durante los últimos comicios.
Por su parte, Carlos Luján desestimó las acusaciones en su contra y ratificó que su propuesta cumple rigurosamente con los requerimientos reglamentarios para competir, enfatizando que la falta de consensos previos debe dirimirse democráticamente mediante el voto de los afiliados y no a través de resoluciones administrativas que clausuren la participación. A su vez, desde su entorno advirtieron que, de no encontrarse una salida institucional transparente que habilite las urnas, llevarán el reclamo ante la Justicia electoral ordinaria.
Con este ultimátum, la puja partidaria en Valle Viejo ingresó en una fase definitoria que mantiene en tensión al radicalismo catamarqueño, al constituirse en el único distrito de la provincia donde no se consolidó un acuerdo de unidad. Las próximas horas resultarán decisivas para resolver si la Junta Electoral autoriza finalmente la disputa en los cuartos oscuros o si proclama como autoridades a la nómina de consenso promovida por la conducción provincial.
