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Un estremecedor giro pericial surgió en la investigación del matricidio ocurrido en el barrio La Chacarita, luego de que los profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense dictaminaran que Marcelo Joaquín Tula, de 22 años, atravesaba un agudo brote psicótico al momento del ataque y estaba convencido de que ultimaba a una representación de “la muerte” que venía por él y no a su propia madre, Norma Beatriz Tula, de 63 años. Las conclusiones médicas fueron remitidas formalmente a la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, así como a las partes de la querella y la defensa, arrojando luz sobre el estado mental del imputado durante el sangriento episodio.
De acuerdo con el informe de la junta médica, el joven arrastraba desde días previos al crimen una severa descomposición de la realidad acompañada por alucinaciones sensoriales, escalofríos y la certeza delirante y persecutoria de una amenaza inminente sobre su vida. Los especialistas puntualizaron que el cerebro del acusado bloqueó cualquier rasgo de identidad real de su progenitora debido al extremo nivel de estrés y convivencia cerrada, transformándola bajo la consigna de una amenaza vital de la que debía defenderse y anulando por completo su registro consciente previo al pasaje al acto homicida.
El dictamen psiquiátrico y psicológico determinó fehacientemente que existió una alteración psíquica que abolió por completo la capacidad de Tula de comprender la criminalidad de su conducta o de dirigir sus acciones. Asimismo, los peritos evaluaron que la posterior fuga y confesión del implicado no respondieron a un plan deliberado para evadir a la Justicia, sino a un quiebre parcial del delirio donde emergió una profunda angustia y desamparo al percatarse de que había provocado un hecho terrible, sin llegar a comprender con claridad los motivos de lo sucedido.
Pese a la contundencia de las conclusiones médicas, la determinación sobre la inimputabilidad penal del imputado no recae en el cuerpo forense ni en el ministerio público fiscal, sino que deberá ser resuelta exclusivamente por un juez de control. Mientras la fiscalía continúa recabando elementos probatorios en torno a las circunstancias del hecho, la defensa o los acusadores deberán solicitar formalmente la audiencia de sobreseimiento para definir si el joven será derivado a un tratamiento psiquiátrico de internación o si continuará el trámite bajo la vía punitiva ordinaria.
