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Frente a la inminente entrada en vigor de la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, representantes del Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Seguridad y la Policía provincial celebraron una mesa de trabajo conjunta para diagramar el esquema operativo que adoptarán las fuerzas y los operadores judiciales. El encuentro tuvo como objetivo central armonizar las pautas de actuación y homologar criterios de aplicación territorial a lo largo de toda la jurisdicción provincial.
A lo largo de la jornada, las autoridades repasaron los puntos clave de la nueva legislación y definieron directrices para su instrumentación uniforme. En ese marco, los funcionarios del Ministerio Público hicieron especial hincapié en el estricto apego al plexo de derechos y garantías procesales inherentes a niños, niñas y adolescentes, remarcando la debida diligencia y rigurosidad que deberán guiar cada una de las investigaciones en las que intervengan menores de edad.
Finalmente, los participantes concluyeron en la importancia de articular dispositivos de intervención especializada que preserven el bienestar de los jóvenes en conflicto con la ley penal sin descuidar el debido proceso. Bajo esa misma línea de acción, se acordó priorizar mecanismos de contención que garanticen una tutela judicial efectiva e integral, asegurando en idéntica medida la atención y los derechos de las víctimas del delito.
