Combustibles, luz y comercio: por qué la Ley de Área de Frontera es más urgente que la Zona Franca

A través de sus redes sociales, el excandidato a concejal municipal por la Zona Centro por el espacio Primero Catamarca / Primero Tinogasta (Lista 505), Darío Edgardo Goldman, reabrió el debate público sobre las prioridades de desarrollo en la región, remarcando la necesidad de no postergar la plena aplicación de la Ley de Área de Frontera frente a los recientes anuncios vinculados a la Zona Franca.

En su publicación en Facebook, Goldman recordó las charlas mantenidas con el recordado vecino y referente local Don Bruno Alaniz, quien solía enfatizar la diferencia sustancial que existe entre ambos regímenes para la vida diaria de los habitantes de la zona, señalando que la normativa de frontera debería constituir el objetivo central de la agenda comunitaria.

En ese sentido, el dirigente explicó que, mientras una Zona Franca está orientada primordialmente a firmas importadoras, exportadoras y operadores logísticos —donde la población percibe un beneficio indirecto a través del empleo formal—, la Ley de Área de Frontera incide de manera directa e inmediata en la economía familiar: reduce el costo de vida en el mostrador, disminuye el valor de los combustibles en las estaciones de servicio, abre la puerta a tarifas eléctricas diferenciales y fortalece la competitividad del comercio barrial.

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Asimismo, Goldman cuestionó el enfoque de las políticas públicas actuales, advirtiendo que en el escenario contemporáneo las decisiones parecen responder casi con exclusividad a conveniencias corporativas, dejando a la ciudadanía a la espera de efectos residuales. Al respecto, sostuvo que obras de envergadura como parques solares, puentes, rutas y tendidos energéticos se planifican pensando primero en las empresas antes que en las urgencias cotidianas de la comunidad.

Para concluir, planteó un interrogante sobre el horizonte de estas medidas al reflexionar si en algún momento los beneficios estructurales llegarán efectivamente al vecino común, recordando que gran parte de la sociedad tinogasteña lleva más de veinte años aguardando respuestas concretas.