Malvinas y RIGI: denuncian inconsistencias oficiales por habilitar a una empresa castigada por exploración ilegal

El diputado nacional y titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó una denuncia formal en la que alertó que la petrolera británica Harbour Energy, sancionada por realizar tareas hidrocarburíferas ilegales en las Islas Malvinas, accedió a los beneficios fiscales y aduaneros del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con el legislador, la firma extranjera controla el 15% del consorcio Southern Energy, una iniciativa avalada oficialmente por el Poder Ejecutivo a través de la Resolución 559/2025 para la producción y exportación de gas natural licuado desde la provincia de Río Negro.

La acusación señala que Harbour Energy constituye la continuidad jurídica directa de Premier Oil PLC, firma que modificó su denominación social en 2021 tras un proceso de fusión corporativa. Dicha empresa arrastra una inhabilitación administrativa dispuesta en 2013 en el marco de la Ley 26.659 —normativa que penaliza la exploración no autorizada en la plataforma continental argentina—, luego de haber ejecutado perforaciones y estudios geológicos en aguas circundantes al archipiélago malvinense sin el aval del Estado nacional, sanción que contempla impedimentos para operar en territorio argentino.

El cuestionamiento parlamentario expone una contradicción en la política exterior y energética del oficialismo, dado que la aprobación del beneficio fiscal se produjo de manera paralela al anuncio gubernamental de endurecer las sanciones contra firmas e individuos vinculados a la explotación ilegítima de recursos en Malvinas. Frente a este escenario, Ferraro remarcó la necesidad de revisar los controles del régimen de inversiones, advirtiendo que la estructura societaria del proyecto gasífero vulnera disposiciones soberanas preexistentes.

Entretanto, el megaproyecto a cargo de Southern Energy continúa con su despliegue operativo y logístico en la costa patagónica, el cual prevé el arribo mensual de embarcaciones cargadas con aproximadamente 3.500 tubos destinados al tendido de gasoductos clave para la exportación. Mientras las obras y los embarques avanzan en el sur del país, la Justicia evalúa el alcance de la presentación judicial que busca determinar si la compañía británica violó las restricciones legales vigentes al ingresar al esquema de incentivos estatales.