Ante el desacato judicial por la ley de financiamiento, las universidades convocan a un paro y planean una movilización nacional

Con las medidas de fuerza en ascenso, el movimiento universitario buscará ejercer una presión determinante tanto en las mesas técnicas de discusión con la Casa Rosada como en las comisiones del Congreso, a fin de blindar el presupuesto educativo de cara al próximo período fiscal.
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Marcha Federal Universitaria.
Marcha Federal Universitaria.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios de la comunidad académica acordaron avanzar hacia la convocatoria de una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para la primera semana de octubre, con fecha tentativa para el lunes 5. La resolución se adoptó tras el plenario de rectores realizado en Bariloche, donde el eje dominante fue el desacato del Poder Ejecutivo ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la plena vigencia de la ley de financiamiento educativo, vetada oportunamente por el oficialismo, ratificada por el Congreso y posteriormente frenada en su implementación material vía decreto gubernamental.

Como respuesta inmediata al fracaso de la mesa salarial inicial y al grave deterioro económico que atraviesa el sector —con una merma estimada del 40% en el poder adquisitivo de los sueldos y un recorte real de la mitad de los fondos operativos—, el frente sindical puso en marcha un plan de acción escalonado. El esquema de protestas iniciará con un paro total de actividades este martes 8 de septiembre, continuará la semana siguiente mediante clases públicas y sumará una concentración frente al Palacio Pizzurno antes de confluir en la movilización general.

El escenario de confrontación se desplegará en paralelo a dos instancias determinantes a lo largo del mes: la continuidad de las negociaciones paritarias con el cuerpo docente y el ingreso parlamentario del proyecto de Presupuesto 2027. Frente a este último debate legislativo, las autoridades de las casas de altos estudios aprobaron una previsión de recursos anuales de 11 billones de pesos, cifra considerada indispensable para asegurar el funcionamiento integral de las instituciones y recomponer las pérdidas acumuladas por la inflación.

La dirigencia universitaria y gremial confía en replicar el respaldo social que en instancias anteriores colmó las calles del país contra los recortes del gobierno de Javier Milei. Con las medidas de fuerza en ascenso, el movimiento universitario buscará ejercer una presión determinante tanto en las mesas técnicas de discusión con la Casa Rosada como en las comisiones del Congreso, a fin de blindar el presupuesto educativo de cara al próximo período fiscal.

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