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Durante el mes de agosto, la Administración Pública Nacional profundizó el esquema de contracción fiscal al registrar un recorte del gasto primario del 10,2% interanual en términos reales, según reveló el último informe técnico de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). La reducción del gasto estatal se concentró en áreas sensibles como las prestaciones sociales, la coparticipación a los distritos federales, los salarios de la administración pública y el presupuesto universitario, en un contexto marcado por la caída de la recaudación tributaria.
El repliegue del Estado nacional golpeó de lleno a la seguridad social, cuyas partidas retrocedieron un 10,1% real interanual, con un cese total de transferencias en el rubro de Pensiones No Contributivas por Invalidez durante todo el mes. En paralelo, los giros corrientes hacia las provincias experimentaron un derrumbe interanual del 86,1%, sumando una merma acumulada del 64,6% en los primeros ocho meses del año, al tiempo que las universidades nacionales sufrieron una baja adicional del 1,1% real, alcanzando un retroceso acumulado de casi el 13%.
El funcionamiento operativo del aparato estatal y los ingresos de su personal también acusaron el impacto: los salarios de la plantilla pública sufrieron una poda real del 7,9% interanual y las partidas para bienes y servicios corrientes mermaron un 24,3%. Si bien la inversión de capital exhibió un repunte interanual puntual del 45,7% frente al freno previo de la obra pública, la cuenta global del año aún conserva un saldo fuertemente contractivo de más del 16% en dicho sector.
En marcado contraste con la austeridad aplicada al sector público y las provincias, los recursos dirigidos al pago de intereses de la deuda crecieron un 60,5% interanual en agosto, lo que evaporó el superávit primario de 1,86 billones de pesos y arrojó un déficit financiero mensual de 690.000 millones. Por último, la ASAP advirtió sobre la metodología aplicada por el Palacio de Hacienda al señalar que no se computan los intereses devengados de instrumentos capitalizables como LECAP y BONCAP, maniobra que bajo parámetros contables estándar dejaría el promocionado resultado superavitario del Gobierno en terreno negativo.
