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La profunda recesión que atraviesa la economía argentina no responde a un vaivén habitual de los ciclos productivos, sino que es la consecuencia directa de un programa deliberado de ajuste fiscal que buscó derrumbar la demanda agregada. Distintos análisis técnicos señalan que la doctrina económica demostró hace casi un siglo que las fuerzas del mercado no resuelven por sí solas los períodos contractivos sin la mediación de políticas activas estatales, desmintiendo la premisa gubernamental de que la disciplina presupuestaria bastará para encauzar el bienestar general.
El deterioro de las variables macro y microeconómicas se refleja en indicadores productivos alarmantes, con una contracción industrial que supera el 5 por ciento interanual, la parálisis casi total de la construcción y el cierre extendido de comercios y empresas. A este panorama se suma la virtual desaparición de la obra pública y el mínimo histórico de inversiones foráneas a pesar de regímenes de incentivo como el RIGI, configurando un escenario donde firmas internacionales liquidan activos a precio de remate a grupos locales, mientras la desaceleración inflacionaria se sostiene a base de endeudamiento en divisas y salarios reducidos a niveles de mera subsistencia.
El desplome del poder adquisitivo y el agotamiento del mercado interno provocaron una crisis de solvencia en los hogares, que tras consumir sus ahorros y recurrir a endeudamiento para solventar gastos cotidianos, desembocaron en una ola de mora generalizada. Este proceso desmiente las narrativas oficiales que atribuían el sobreendeudamiento a consumos suntuarios, exponiendo en su lugar una precariedad laboral agudizada y la imposibilidad de las familias de hacer frente a sus obligaciones en medio de una reactivación que nunca llegó.
En el ámbito político, el retroceso económico desató tensiones y divisiones dentro del propio oficialismo y sus aliados parlamentarios de cara a los escenarios electorales futuros. El conflicto interno enfrenta la postura dogmática del presidente Javier Milei, partidario de profundizar el ajuste pese a la consecuente merma en la recaudación impositiva, con sectores pragmáticos de la administración que reclaman intervenciones estatales urgentes para mitigar la parálisis productiva, en un contexto donde diversos analistas advierten que cualquier rectificación tardía podría resultar estéril frente a la magnitud de la crisis.
