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La recesión en el sector de la construcción volvió a profundizarse durante el mes de agosto, registrando una caída del 3,46% en la comercialización de materiales esenciales para el sector privado. De acuerdo con el último reporte del Índice Construya —indicador elaborado por las compañías líderes del mercado que releva el despacho de cemento, ladrillos, aceros, cal y cerámicos, entre otros insumos—, se consolidó el tercer retroceso mensual consecutivo y la sexta baja en lo que va del año, acumulando además un derrumbe interanual del 5,3% en comparación con el mismo mes de 2025.
Pese a los desfavorables registros, desde el Grupo Construya calificaron el estancamiento de los despachos como un fenómeno transitorio y manifestaron expectativas moderadas hacia los próximos meses. Las empresas del sector confían en que la normalización de las variables macroeconómicas y el impulso a nuevas líneas de financiamiento hipotecario —promovidas a través del fondeo a entidades bancarias con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad— logren traccionar gradualmente la demanda privada de viviendas y apuntalar las ventas de insumos.
No obstante, las cifras privadas ratifican el sombrío panorama oficial que viene informando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En su más reciente reporte del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), el organismo oficial midió para julio una baja mensual del 4,6% y un declive interanual del 4,5%; parámetros que, sumados a la nueva contracción de agosto anticipada por el sector privado, proyectan una continuidad en el deterioro de los índices oficiales para el cierre del segundo semestre.
El impacto social y productivo de este escenario fue alertado con crudeza por el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, quien advirtió sobre la delicada situación que atraviesan las firmas del rubro frente a la parálisis casi total de las obras públicas nacionales. Weiss remarcó que las empresas han debido encarar drásticos ajustes de personal, cesaciones de pagos y convocatorias de acreedores, en el marco de una crisis estructural que ya acumula la pérdida de 120 mil puestos de trabajo en los últimos tres años.
