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En una jornada judicial clave tras 39 meses del crimen, la Justicia Federal indagó de manera virtual a dos altos mandos del Ejército por la muerte del soldado voluntario Pablo Gabriel Jesús Córdoba (21), hallado agonizando con dos disparos de fusil FAL en la cabeza el 1 de junio de 2023 en la Guarnición Militar de Zapala. La audiencia, encabezada por el juez federal subrogante Ezequiel Humberto Andreani a través de Zoom y sin la intervención de la querella ni del público, tuvo como imputados a los tenientes coroneles Germán Isidro Green —entonces jefe del Grupo de Artillería 16 donde la víctima hacía guardia— y Enrique Rafael Lamas —exjefe de la Base de Apoyo Logístico—. La citación se centró en la pérdida de una prueba fundamental: las imágenes de las cámaras de seguridad del cuartel, las cuales resultaron destruidas por sobregrabación pese a que ambos jefes conocían los estrictos límites temporales de almacenamiento del sistema.
Durante el trámite procesal, las posturas de los acusados evidenciaron estrategias diametralmente opuestas. Lamas compareció asistido por la defensa pública y prestó una extensa declaración con el objetivo de desligarse de los hechos, alegando que al momento del suceso se encontraba bajo un régimen de licencia, situación que según la familia respondería en realidad a un parte médico especial que aún está bajo análisis del expediente. Por su parte, Green se presentó escoltado por dos letrados particulares y optó por ampararse en su derecho constitucional a guardar silencio, anticipando que formalizará su descargo por escrito, lo que privó a la investigación de respuestas inmediatas sobre las presuntas maniobras de encubrimiento dentro del predio castrense.
La resolución de la audiencia provocó una dura reacción en la madre de la víctima, Natalia Uribe, quien mediante un comunicado público y declaraciones periodísticas manifestó una profunda desazón ante el rumbo de la causa y el trato judicial desigual. Uribe cuestionó con amargura que el poder adquisitivo termine condicionando el ritmo y la eficacia de las investigaciones, señalando el contraste entre los recursos legales de los imputados y las dificultades de una familia trabajadora para encontrar respuestas transparentes. En ese sentido, la mujer advirtió que la justicia parece alejarse y ratificó su determinación inclaudicable de continuar reclamando verdad hasta que se identifique a los autores materiales, instigadores y encubridores del homicidio de su hijo.
El caso de Pablo Córdoba mantiene bajo fuerte conmoción al país debido a sus paralelismos con el crimen de Omar Carrasco ocurrido en 1994 dentro del mismo cuartel militar de Zapala, episodio que derivó en la derogación del servicio militar obligatorio en Argentina. Si bien las primeras versiones oficiales de las autoridades castrenses intentaron atribuir el fallecimiento del joven de 21 años a un suicidio, la hipótesis se desplomó rápidamente ante contundentes pruebas periciales: la víctima presentaba dos proyectiles en el cráneo, no registraba restos de pólvora en las manos, el fusil carecía de sus huellas dactilares y los peritajes psicológicos confirmaron la inexistencia de conductas autodestructivas, consolidando la investigación como un presunto homicidio aún impune.
