El proyecto de Presupuesto 2027 del régimen libertario congela vacantes estatales, condiciona a las universidades y rescinde 1.683 obras

El régimen libertario de Milei presentó su plan económico para el próximo ejercicio con la premisa innegociable del superávit fiscal. La iniciativa estima una inflación del 18%, fija límites estrictos al empleo público, condiciona fondos a las universidades, frena 1.683 obras públicas y habilita endeudamiento para Defensa
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Luis Andrés Caputo y Javier Gerardo Milei.
Luis Andrés Caputo y Javier Gerardo Milei.

El Gobierno nacional formalizó la hoja de ruta del Presupuesto 2027, un proyecto legal que establece por norma la obligatoriedad del equilibrio fiscal y proyecta un superávit financiero de $3,3 billones para el consolidado del Sector Público Nacional. El programa económico —orientado a sostener el ancla del gasto público durante el año electoral— contempla para el cierre del ejercicio un crecimiento del PBI del 4%, una desaceleración inflacionaria interanual al 18% y una cotización oficial de la divisa estadounidense estimada en $1.847,6 por dólar.

En materia macrofiscal, la administración prevé recursos totales por $202,3 billones frente a erogaciones por $202,1 billones, lo que arrojará un saldo positivo de $246.741 millones en la Administración Nacional y un superávit primario global de $18,4 billones (1,3% del PBI). Dentro del cuadro de erogaciones, el 74,7% ($150,9 billones) se destinará a Servicios Sociales, donde la Seguridad Social abarcará el 58,9% del total ($119,1 billones) para pagar jubilaciones, pensiones y asignaciones, sumado a $21,5 billones asignados a programas de niñez y adolescencia.

El esquema profundiza el control sobre el funcionamiento estatal al imponer un congelamiento estricto de vacantes que prohíbe nombramientos sin autorización de la Jefatura de Gabinete, fijando un tope de 376.701 cargos y 366.265 horas cátedra. En tanto, las universidades nacionales contarán con una partida de $7,35 billones, con incrementos atados a las plantas vigentes a fines de 2026 y la facultad otorgada al Ministerio de Capital Humano para interrumpir el envío de transferencias a aquellas entidades que no remitan su información de gestión.

En el área de infraestructura, el proyecto convalida la baja o el inicio de rescisión de 1.683 obras públicas sobre un total revisado de 2.339 emprendimientos. A su vez, se dispone el traspaso de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales a concesiones privadas bajo cobro de peaje y sin subsidio estatal. En contraste, las áreas de Defensa y Seguridad Interior dispondrán de $9,5 billones, esquema que autoriza tomas de deuda externa por USD 3.500 millones destinadas a la adquisición de tres submarinos convencionales y dos fragatas multimisión.

Por último, el programa financiero contempla la colocación de Letras del Tesoro por hasta $72 billones y títulos de corto plazo por $15 billones, además de fijar el canje obligatorio de Letras intransferibles en poder del Banco Central (con 100% de capital y 60% de intereses renovados mediante nuevos bonos, abonándose el 40% en efectivo). En paralelo, se establecieron cupos fiscales promocionales por más de $580.000 millones, encabezados por los regímenes de Economía del Conocimiento ($400.000 millones) y Autopartismo ($130.000 millones).

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