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El deterioro socioeconómico en la Argentina se profundizó durante la primera mitad de 2026 de la mano de una contracción generalizada de la actividad productiva y una severa crisis de ingresos. De acuerdo con las últimas mediciones oficiales y proyecciones de centros de estudio económico, la tasa de pobreza ascendió al 34,6% en el segundo trimestre —frente al 29,9% registrado a fines de 2025—, lo que incorporó a casi 2,2 millones de nuevos pobres en el país debido a la aceleración en el precio de los alimentos, la precarización laboral y la reducción drástica de las partidas de asistencia estatal.
El salto también impactó en la indigencia, que alcanzó el 8,5% y sumó a 1,1 millones de personas a la franja de mayor vulnerabilidad social. Analistas del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) advirtieron que las canastas que miden ambos indicadores aumentaron a un ritmo superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), afectando principalmente a asalariados informales y cuentapropistas. Al mismo tiempo, las familias acudieron al consumo de ahorros y al endeudamiento mediante préstamos cortos y aplicaciones financieras, llevando los índices de mora a máximos históricos.
Esta situación social corre en paralelo con el freno del mercado interno reflejado en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec correspondiente a julio. Ocho sectores registraron contracciones interanuales, entre los que sobresalieron el comercio mayorista y minorista con un descenso del 5,1% y la industria manufacturera con una merma del 4,6%. De acuerdo con estimaciones del Grupo Atenas, la caída global de la actividad habría alcanzado el 2,1% interanual de no haber sido por una variación extraordinaria del sector pesquero, manteniendo el nivel general estancado en valores similares a los de julio de 2023.
A este escenario se suma el enfriamiento del sistema financiero: altas tasas de interés reales provocaron la primera baja de la intermediación crediticia en dos años, paralizando los préstamos al consumo y la inversión productiva. Desde el Instituto Argentina Grande señalaron que la contracción del gasto público deprimió la demanda sin lograr compensar la oferta, proyectando que, de mantenerse los guarismos actuales de julio, el Producto Bruto Interno de 2026 podría cerrar con una caída anualizada del 0,4%.
Finalmente, el repliegue del Estado profundizó la fragilidad de los sectores de menores recursos. Los recortes alcanzaron la exclusión de 875.000 beneficiarios de las becas Progresar, la desvinculación de 1,3 millones de personas vinculadas a esquemas de empleo asistido tras el cese del Potenciar Trabajo, y una baja del 58% en la entrega de tratamientos del programa de medicamentos esenciales, recortando el alcance de la cobertura en un contexto donde los ingresos generados por los sectores exportadores y energéticos no logran derramar sobre la economía real.
