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La primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, exigió este jueves ante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que el Caribe se consolide de forma indiscutible como una «zona de paz», al tiempo que reiteró el rechazo categórico de su Gobierno al bloqueo económico y a las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra Cuba, argumentando el severo costo humanitario que estas restricciones provocan en la población de la isla.
Durante su alocución, la mandataria barbadense puso de relieve las dificultades extremas que atraviesan los habitantes del país caribeño como consecuencia directa de las trabas al comercio, los obstáculos en los circuitos financieros y el limitado acceso a los suministros de combustible. Mottley recordó que su país ha mantenido una postura histórica invariable de condena a estas sanciones, apostando firmemente por el diálogo constructivo, la igualdad soberana entre los Estados y el estricto apego al derecho internacional, al tiempo que extendió palabras de solidaridad hacia Venezuela tras los sismos sufridos en junio.
En su intervención, Mottley amplió el alcance del debate hacia la gobernanza internacional y advirtió sobre la presencia de una profunda «crisis de responsabilidad» colectiva. En ese ámbito, subrayó que el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial debe encuadrarse de inmediato dentro de un marco ético universal para salvaguardar el futuro de la humanidad. Asimismo, evocó el pensamiento del autor Frantz Fanon para argumentar la urgente necesidad de redistribuir la riqueza global, confirmando el respaldo de su nación a la creación de un panel internacional abocado a combatir la desigualdad estructural.
El reclamo de justicia climática y económica ocupó un lugar medular en el discurso. La mandataria advirtió que las economías insulares y vulnerables precisan captar alrededor de 490.000 millones de dólares al año hasta 2030 para encarar la crisis ambiental, un contraste crítico frente a los apenas 90.000 millones que perciben actualmente. Para contrarrestar esta brecha, expuso los avances del Pacto de la Vulnerabilidad a la Viabilidad, una iniciativa que agrupa a 74 países para proyectos de salud, educación y agua con liquidez inmediata. Mottley fustigó también la disparidad crediticia que obliga a las naciones vulnerables a afrontar tasas 1,2 puntos porcentuales más altas, traduciéndose en un sobrecosto anual injustificable de 62.000 millones de dólares en pago de intereses.
Por último, la jefa de Gobierno demandó una transformación urgente en la arquitectura del Consejo de Seguridad de la ONU, cuestionando la concentración del derecho de veto en cinco potencias, la marginación de África de los puestos permanentes y la falta de representatividad de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, que constituyen cerca de una cuarta parte de los miembros soberanos del organismo. En el terreno de la estabilidad regional, concluyó señalando que la recuperación institucional de Haití dependerá de garantizar la seguridad de su capital, valorando los esfuerzos impulsados por la Comunidad del Caribe para pacificar el territorio.
