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La Sala II de la Cámara Federal porteña dictó una serie de resoluciones que reactivaron causas sensibles para el Poder Ejecutivo Nacional, entre ellas la investigación por abusos de la Policía Federal durante una protesta y la ratificación del procesamiento de Diego Spagnuolo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), frenando la expectativa oficial de lograr cierres rápidos en los tribunales de Comodoro Py.
El primer revés surgió tras la decisión de los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah de revocar el archivo que pesaba sobre una denuncia radicada en el Juzgado Federal N.º 1. El expediente indaga la agresión cometida contra un manifestante rociado con gas pimienta durante la movilización del 12 de marzo de 2025, la misma jornada en la que fue herido de gravedad el fotoperiodista Pablo Grillo. El tribunal sostuvo que no se agotaron las tareas para individualizar al agresor mediante el análisis de uniformes, rostros e imágenes de otras fuerzas de seguridad.
A este fallo se sumó la confirmación del procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y exabogado de confianza de Javier Milei. La Sala II respaldó la investigación del fiscal Franco Picardi sobre una presunta asociación ilícita articulada entre funcionarios y empresarios para direccionar contrataciones estatales millonarias. El caso involucra al lobbista Miguel Ángel Calvete, al exfuncionario Pablo Atchabahian y a directivos de la droguería Suizo Argentina, con audios bajo análisis judicial donde se alude a presuntos desvíos hacia la Secretaría General de la Presidencia.
El escenario judicial inquieta a la Casa Rosada en momentos en que intentaba derivar definiciones hacia la Sala I del tribunal de alzada —donde se desempeña el juez Pablo Bertuzzi— y mientras sigue con atención la causa «$Libra». En dicho expediente se encuentra imputado el propio presidente de la Nación tras promocionar en la red social X una inversión que derivó en presuntas estafas; pese al intento oficial por alcanzar sobreseimientos definitivos, las querellas ya recurrieron a la Cámara Federal de Casación para evitar el cierre del proceso.
La falta de resoluciones favorables coincide con el apuro del Ejecutivo por cubrir cientos de vacantes en el Poder Judicial, un proceso que reactivó negociaciones por asientos en la Corte Suprema y desató disputas internas por la Procuración General de la Nación, cargo pretendido tanto por el juez federal Ariel Lijo como por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
