La Justicia suma pruebas contra Edgardo Kueider por presuntos sobornos de la empresa de seguridad Securitas

El exsenador nacional Edgardo Kueider quedó formalmente comprometido en una investigación federal por presunta corrupción tras el hallazgo de mensajes en el teléfono del exdirectivo Jorge González, donde se expone la injerencia directa del exfuncionario en las contrataciones de la distribuidora energética entrerriana Enersa a cambio de posibles retornos económicos. Las revelaciones surgieron en los tribunales federales de San Isidro, en momentos en que Kueider ya se encuentra bajo arresto en Paraguay imputado por contrabando de divisas y lavado de activos.

La pesquisa, encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, investiga un esquema de pago de dádivas desplegado por exdirectivos de la firma de seguridad privada Securitas para obtener licitaciones en múltiples dependencias y empresas públicas, entre ellas AySA, Senasa, Renaper, Anmac y la propia Enersa. El expediente judicial se originó a partir de una autodenuncia y auditoría interna presentada por la propia compañía de seguridad.

Los elementos incorporados al expediente corresponden al análisis del teléfono secuestrado a Jorge González, quien presidió Enersa entre 2017 y 2021. En uno de los registros del año 2023, González relató una visita a la oficina de Kueider en el Senado y afirmó textualmente: «De recaudar, sabe». Este material profundiza la sospecha inicial basada en un chat de junio de 2017 de Claudio Tortul, directivo de la compañía de vigilancia, quien señalaba que el dirigente coordinaría el armado de pliegos licitatorios.

Frente a las acusaciones, la defensa de Kueider argumentó que los textos originales no lo mencionaban con precisión, que se encontraba en otra ciudad al momento de los intercambios y que su cargo como representante de las acciones provinciales durante su paso por la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos (2015-2019) carecía de facultades operativas sobre las compras. Sin embargo, para los investigadores, los registros telefónicos desestiman ese descargo y confirman una red de influencia activa sobre la firma energética que continuó operando tras su llegada a la Cámara alta.