Escándalo en Bolivia: denuncian presiones a la Justicia y un plan oficial para garantizar la impunidad de Cerimedo

La abogada y activista boliviana Nadia Beller denunció este jueves que la administración del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ejecuta una maniobra institucional y política destinada a garantizar la impunidad y lograr la pronta liberación de su expareja, el consultor político argentino Fernando Cerimedo. La acusación fue formulada públicamente durante una entrevista con la emisora Radio 750, en la cual Beller remarcó que el proceso judicial carece por completo de garantías debido a la intromisión directa del Poder Ejecutivo en los órganos persecutores.

Cerimedo permanece recluido desde el pasado mes de agosto, formalmente imputado por el intento de femicidio de la propia Beller. No obstante, las derivaciones de su arresto terminaron por ventilar una trama de influencia política y presunta corrupción en las esferas del gobierno boliviano, donde el especialista en comunicación se desempeñaba como uno de los principales colaboradores del presidente Paz. De acuerdo con testimonios aportados por el vicepresidente Edmand Lara, el asesor ocupaba un despacho contiguo al despacho presidencial, daba instrucciones a los ministros en las reuniones de gabinete y coordinaba la línea discursiva del oficialismo.

El eje del conflicto escaló tras la difusión de registros de audio presentados por la propia vicepresidencia boliviana, en los cuales se escucha a Cerimedo gestionar el cobro de una tarifa mensual de 15.000 dólares para permitir el vuelo de determinadas aeronaves que, según expuso Beller, mantenían conexiones operativas con redes de narcotráfico. Paralelamente, el exconsultor y otros allegados afrontaban pesquisas previas ligadas a la figura penal de ganancias ilícitas y cobro de comisiones indebidas.

A raíz de estas revelaciones, la letrada señaló que el aparato gubernamental desplegó un embate contra el Ministerio Público y contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, a quien Washington retiró la visa bajo señalamientos de corrupción tras presuntas menciones en comunicaciones interceptadas al presunto narcotraficante Sebastián Marset. Beller sostuvo que tales imputaciones se emplearon políticamente para amedrentar a los funcionarios a cargo de las causas.

Finalmente, la denunciante advirtió sobre la ejecución de allanamientos calificados como ilegales dentro de diversas dependencias judiciales, intervenciones que habrían tenido como propósito sustraer o eliminar piezas probatorias sensibles. Según Beller, el desmantelamiento de estas actuaciones responde a un plan orientado a proteger tanto al entorno presidencial como al propio Cerimedo antes de que las investigaciones avancen a instancias procesales definitivas.