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La querella en la causa que investiga la muerte del exministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, solicitó este jueves ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos la nulidad del ateneo médico realizado en la ciudad de Córdoba, tras asegurar que varios profesionales modificaron su postura y dilataron la confirmación de la hipótesis de homicidio al atribuir irregularidades al trabajo inicial de Criminalística policial. La validez de esta pericia clave quedó en manos del tribunal, que fijó el próximo 8 de octubre para dar a conocer su resolución.
Durante una audiencia de trámite tenso en la sede judicial, el abogado querellante Iván Sarquís sostuvo que en actas previas peritos oficiales y especialistas de diversas provincias ya habían definido el caso como un asesinato e incluso trazado una mecánica concreta de la muerte. Sin embargo, en el informe conjunto elaborado en Córdoba, los facultativos volvieron a plantear tres escenarios posibles: homicidio, muerte accidental y homicidio preterintencional. Frente a esto, el letrado remarcó que el asesinato es la única opción razonable y calificó de inadmisible que se pretenda justificar una caída simple en una persona de menos de 1,70 metros de estatura con un saldo de 25 lesiones corporales de carácter traumático.
En contraposición, el fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla, requirió al tribunal rechazar el planteo de nulidad formulado por los representantes de la víctima. El representante del Ministerio Público Fiscal insistió en que las tres líneas de investigación continúan vigentes, aclaró que la sospecha de un crimen bajo ninguna circunstancia fue desestimada y remarcó que cualquier inclinación definitiva se adoptará a partir de las constancias probatorias incorporadas a la causa, explicando de forma fundada los motivos para descartar las hipótesis restantes.
Por su parte, los reclamos de la familia apuntaron contra la labor pericial policial y los primeros pasos de la instrucción judicial. Según expuso la querella, los médicos del ateneo señalaron que no pudieron precisar la causa de las heridas por fallas operativas de la Dirección General de Criminalística. Fernando Rojas, hijo del exfuncionario, respaldó ese cuestionamiento y criticó la inacción judicial tras años de proceso, señalando errores del primer fiscal que intervino, Laureano Palacios, y desestimando las sospechas que recaen sobre su persona por la preservación del lugar del hecho al recordar que fueron las propias autoridades las que entregaron el inmueble.
El debate procesal quedó cerrado a la espera del veredicto del tribunal de alzada integrado por los magistrados Juan Isauro Rosales, Rosa Elena Berrondo Isi y Carlos Horacio Brizuela, quienes deberán dirimir si el ateneo de Córdoba se incorpora al expediente o si se ordena su repetición.
