La Corte Suprema ignoró un amparo contra la derogación de la Ley de Tierras que tramita desde 2024

Organizaciones socioambientales y comunidades originarias de la provincia de Río Negro presentaron un recurso de aclaratoria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que el máximo tribunal desestimara el amparo del Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM) La Plata contra el DNU 70/23 e ignorara un expediente paralelo que tiene en su órbita desde agosto de 2024. La presentación judicial exige al tribunal precisar si el reciente pronunciamiento afecta su demanda particular y reclama dar tratamiento urgente a la medida cautelar que solicita declarar la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto presidencial, el cual derogó la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (Ley 26.737).

El conflicto se reactivó tras el fallo con el que los magistrados voltearon la causa iniciada por los excombatientes platenses argumentando la «falta de legitimación procesal» para litigar en torno al concepto de soberanía nacional. En paralelo a dicha resolución, el máximo tribunal difundió un comunicado en el que sostuvo que se expedirá sobre la Ley de Tierras «cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento». Los litigantes rionegrinos calificaron esa afirmación como una maniobra para invisibilizar un expediente concreto que ingresó al sistema judicial a finales de 2023 y que fue anexado formalmente al circuito federal platense hace más de dos años.

La causa omitida por los cortesanos fue radicada originalmente el 28 de diciembre de 2023 ante el Juzgado Federal de Bariloche por la Asociación Civil Árbol de Pie junto a las comunidades mapuche Lafkenche y Lof Fvta Anecon, con el acompañamiento de la legisladora provincial Magdalena Odarda y la representación de los letrados Martín Palumbo y Ernesto Montecino Odarda. En julio de 2024, el magistrado subrogante Gustavo Villanueva resolvió desprenderse del caso y remitirlo a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata para su unificación con el expediente principal, trámite que quedó asentado en agosto de ese mismo año.

A diferencia del caso de los excombatientes, el escrito elevado ante la Corte destaca que la legitimación activa de los demandantes patagónicos se apoya en preceptos constitucionales y normativas internacionales concretas. La Asociación Árbol de Pie fundamentó su potestad en los artículos 41 y 43 de la Carta Magna, que habilitan a entidades civiles la defensa de derechos ambientales colectivos, mientras que las comunidades Lafkenche y Lof Fvta Anecon sostuvieron su personería en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales protegen los territorios ancestrales y establecen el derecho de consulta frente a normas que incidan sobre sus recursos.

El petitorio de seis puntos exige que la Corte disponga la inscripción del caso en el Registro Público de Procesos Colectivos, examine la viabilidad de la medida cautelar pendiente o, en su defecto, devuelva las actuaciones al juzgado federal de origen para evitar una situación de denegación de justicia. Por último, los amparistas invocaron las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia para Personas en Condición de Vulnerabilidad —adoptadas por la propia Corte mediante la Acordada 5/2009— advirtiendo que, en caso de extenderles el rechazo procesal aplicado a los veteranos de Malvinas, los jueces deberán explicitar los fundamentos legales que anulen su personería ambiental e indígena.