Causa Malvinas: con 130 militares imputados, la Corte Suprema posterga la definición sobre delitos de lesa humanidad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene paralizada desde hace cuatro años la definición sobre el juzgamiento de las torturas sufridas por conscriptos durante la Guerra de Malvinas en 1982. El máximo tribunal, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, debe resolver si estos hechos son crímenes imprescriptibles, pero la falta de pronunciamiento frena las actuaciones penales y amenaza con dejar impunes las acusaciones contra más de un centenar de oficiales y suboficiales debido al paso del tiempo y la avanzada edad de los involucrados.

El expediente se encuentra formalmente en condiciones de ser resuelto desde noviembre de 2022, momento en que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió su respectivo dictamen. Pese a contar con el criterio fiscal y acumular nueve recursos extraordinarios presentados desde 2021 por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, el tribunal no incluyó el tema en su agenda de acuerdos. Los querellantes contrastaron esta inactividad con la velocidad exhibida en otros litigios, remarcando que el expediente de vejámenes espera una resolución definitiva desde hace el doble de tiempo.

La causa se originó en 2007 en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego. A lo largo de casi dos décadas de trámite judicial, alrededor de 200 conscriptos prestaron testimonio como víctimas o testigos directos de tormentos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas argentinas en las islas. Las denuncias describen prácticas que abarcan estaqueamientos sobre el terreno, aplicaciones de descargas eléctricas con teléfonos de campaña, golpizas sistemáticas, enterramientos y la inmersión obligada en agua helada, tratos que provocaron secuelas físicas permanentes, como congelamientos y mutilaciones en extremidades.

En febrero de 2020, la jueza federal Mariel Borruto dictó el procesamiento de los militares Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini por agresiones contra más de una veintena de soldados conscriptos del Regimiento de Infantería N° 5. Un año más tarde, en abril de 2021, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia respaldó tres de esos procesamientos al considerar que los vejámenes debían considerarse crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en mayo de 2021 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revirtió ese fallo y consideró extinta la acción por prescripción, lo que forzó la intervención de la Corte vía recurso extraordinario.

En la actualidad, el expediente cuenta con 130 militares imputados, de los cuales tres permanecen procesados formalmente y una veintena espera la concreción de audiencias indagatorias. Desde las organizaciones de veteranos advierten que cada año de inacción acerca el riesgo de la impunidad biológica, ya que tanto los acusados como las víctimas rondan o superan los setenta años, mientras varios de los imputados originales han fallecido sin llegar a responder ante los estrados.