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Durante el tratamiento del proyecto de ley para adecuar el régimen procesal penal juvenil de Catamarca a la Ley Nacional 27.801, el diputado provincial Mamerto Acuña advirtió en la Legislatura que la iniciativa carece de un informe de impacto presupuestario que determine cuánto costará su puesta en marcha y de dónde saldrán los fondos para sostenerla. El legislador alertó que, al fijar su entrada en vigor de manera inmediata tras publicarse, la norma corre un serio peligro de no poder cumplirse en la práctica.
Acuña aclaró que no se cuestiona la necesidad de armonizar la legislación local con el marco nacional, sino la omisión de previsiones financieras indispensables. Según remarcó, el nuevo sistema impone crear cargos, financiar dos equipos interdisciplinarios —uno bajo la órbita de la Corte de Justicia y otro dependiente de Desarrollo Social—, solventar programas de medidas alternativas, adecuar las instalaciones de los centros de privación de la libertad e incorporar la figura del Supervisor exigida por la normativa nacional.
El diputado focalizó sus objeciones en los artículos 195 y 198 del dictamen, los cuales autorizan al Poder Judicial a solicitar partidas suplementarias y facultan al Poder Ejecutivo a realizar reasignaciones presupuestarias. Acuña argumentó que dicha previsión reconoce de forma explícita que se generarán erogaciones extraordinarias. Al respecto, recordó que el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera N° 4.938 exige que toda norma que autorice gastos no previstos determine de manera obligatoria su fuente de financiamiento.
Asimismo, analizó la situación frente a las partidas fijadas para el actual ejercicio. Para el año 2026, el Poder Judicial cuenta con un crédito asignado de $148.749.213.101, cuyo total no puede alterarse por disposiciones internas. Acuña planteó que si la ley se sostiene con los recursos existentes, el Gobierno debe explicitar qué servicios se desfinanciarán; y si hacen falta mayores recursos, debe tratarse de una ampliación presupuestaria debatida formalmente en el recinto legislativo para preservar la autonomía del Poder Judicial.
Finalmente, el legislador formalizó una serie de interrogantes al miembro informante para conocer el costo exacto del sistema durante este año y a partir de 2027, la nómina de cargos a solventar y los montos operativos de infraestructura. Concluyó que tanto los jóvenes en conflicto con la ley como las víctimas y los operadores judiciales precisan un régimen que resulte operativo y no una simple declaración de intenciones.
