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El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó en París el nuevo «Programa de ciudadanía por inversión», una iniciativa oficial que permite a ciudadanos extranjeros acceder a la nacionalidad argentina mediante un desembolso no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por 800.000 dólares. El anuncio fue realizado este viernes junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el tramo final de la comitiva oficial por la Argentina Week, con el objetivo de captar capitales de magnates tecnológicos interesados en radicarse y adquirir inmuebles en el país.
El esquema administrativo flexibiliza los requerimientos de arraigo al no exigir los dos años de residencia continua que contempla el marco tradicional. Las solicitudes quedarán sujetas a la revisión técnica de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión —creada bajo la órbita de la cartera económica mediante el decreto 366/2025 y reglamentada por el decreto 524—, con intervención de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Asimismo, consorcios internacionales como Arton Capital, integrantes del grupo AMIGO, asesoraron al Estado en el armado del mecanismo de promoción externa.
Caputo reconoció durante su intervención que la propuesta surgió a raíz de reuniones mantenidas dos años atrás en Sun Valley con ejecutivos de la industria informática global. De acuerdo con lo manifestado por el titular de la cartera económica, dichos sectores manifestaron interés en contar con facilidades migratorias que viabilicen la instalación de infraestructura de gran escala, tales como centros de datos (datacenters), principalmente en la región patagónica.
La instrumentación de la medida confluye con el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó sin efecto una medida cautelar impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata contra el artículo 154 del DNU 70/2023, reactivando la derogación de la Ley de Tierras rurales (26.737) y habilitando la compra sin topes de titularidad foránea.
El lanzamiento generó una inmediata reacción política y técnica en Buenos Aires. Desde la oposición parlamentaria, el diputado peronista Agustín Rossi presentó un proyecto de ley destinado a vetar de manera explícita la concesión de ciudadanía a cambio de sumas dinerarias, argumentando antecedentes de inconstitucionalidad dictados por la Cámara Nacional Electoral y la Cámara Civil sobre las reformas migratorias por decreto. A las objeciones se sumaron representantes de la izquierda, exfuncionarios de Migraciones y juristas constitucionales, quienes alertaron sobre la vulneración del artículo 20 de la Carta Magna y los señalamientos de organismos como el GAFI y la OCDE respecto a las vulnerabilidades de estos regímenes frente a delitos de lavado de activos.
