La Justicia Federal elevó a juicio la causa contra el exjefe de Drogas Peligrosas Daniel Ponce por abuso de autoridad

La elevación a debate oral fue requerida por el fiscal federal Santos Edgardo Reynoso, quien determinó que el exfuncionario policial vulneró los deberes de su cargo al disponer tareas encubiertas fuera de todo marco regulatorio y legal. El caso se destapó a partir del testimonio del suboficial Guillermo Vega, numerario de la Comisaría Sexta, quien denunció que Ponce le exigió contactar vendedores de estupefacientes, realizar traslados y comprar sustancias para identificar presuntos mayoristas, con la promesa de gestionarle un pase a la división antidrogas antes de rendir su examen de ascenso.

La maniobra concluyó en un quiebre interno cuando, el 10 de junio de 2019, Ponce redactó un pedido de registro domiciliario sustentado en constancias apócrifas contra el inmueble del propio Vega. Al día siguiente, el procedimiento culminó con el secuestro de estupefacientes, quince teléfonos y una tableta electrónica, derivando en la aprehensión del subalterno por supuesta tenencia simple. Con el patrocinio letrado del doctor Pedro Vélez, Vega declaró ante la magistratura y expuso la trama oculta, lo que llevó a la Justicia a anular formalmente el allanamiento por vicios insubsanables y eximirlo de responsabilidad penal.

Posteriormente, las pericias técnicas practicadas sobre el teléfono celular de Ponce confirmaron la existencia de mensajes que documentaban las instrucciones ilegales y la recepción continuada de datos. La fiscalía remarcó en su dictamen que el imputado ejerció atribuciones unilaterales al iniciar expedientes de estupefacientes sin dar cuenta al juzgado ni al ministerio público fiscal, violentando expresamente garantías constitucionales y lesionando la legalidad que debe regir la administración pública.

El avance hacia el banquillo de los acusados pone término a un extenso derrotero técnico que comenzó con el procesamiento de Ponce en marzo de 2021. Pese a que la Cámara Federal de Tucumán y el juzgado de primera instancia favorecieron transitoriamente al exjefe con un sobreseimiento en 2022, la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py desestimó ese fallo en julio de 2025 y ordenó profundizar el trámite. Junto con la remisión a juicio por abuso de autoridad, la fiscalía solicitó emitir una resolución definitiva sobre la imputación residual por presunta falsedad ideológica de instrumento público, dando por concluida la recolección de pruebas.