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La docente e investigadora del Conicet Lucía Coronel cuestionó con dureza el sumario administrativo abierto en su contra por el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca, al confirmar que la Justicia penal le notificó de manera oficial que no figura vinculada al expediente por la supuesta emisión irregular de títulos en el Instituto de Educación Superior (IES) Clara J. Armstrong. La docente denunció una campaña de persecución laboral contra el cuerpo docente e intimó a las autoridades educativas a esclarecer los fundamentos de las acusaciones vertidas públicamente.
En declaraciones formuladas este martes a Radio El Esquiú 95.3, Coronel explicó que acudió a sede judicial junto a su letrado patrocinante a raíz de un comunicado ministerial difundido en medios locales que la presentaba como investigada por los tribunales. Sin embargo, la respuesta formal contradijo la versión del Ejecutivo: «El día de ayer recibí por parte de la Fiscalía N.° 6 una cédula de notificación de que yo no estoy en esa causa», aseveró la investigadora, quien agregó no saber cuál es el proceso penal que la cartera provincial le atribuye.
La investigación sobre las irregularidades en el IES Clara J. Armstrong, radicada públicamente en la Fiscalía de Instrucción N.° 7, se inició por 35 legajos bajo sospecha y se expandió a casi doscientas certificaciones sin exhibir imputaciones formales hasta la fecha. Dentro de ese contexto, el Ministerio inició una pesquisa presumarial contra Coronel, objetando su titulación de Profesora en Educación Secundaria en Ciencias Políticas obtenida en dicha institución terciaria.
Frente a ello, Coronel defendió la autenticidad de su diploma, pero puntualizó que no ejerce la docencia amparada en él. Detalló que concursó y obtuvo sus horas cátedra en el IES Armstrong y en el IES Estanislao Maldones utilizando el título de Profesora en Ciencias de la Educación, otorgado por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA). Por tal motivo, fustigó la resolución ministerial por vincular de manera arbitraria sus puestos laborales con la certificación terciaria cuestionada.
Finalmente, la profesional calificó el trámite de la Dirección de Sumarios como «un mamarracho» y alertó sobre la vulnerabilidad en la que quedan otros docentes que han sido apartados de sus cargos antes de que se demuestre delito alguno. Coronel solicitó frenar las sanciones preventivas contra los trabajadores, demandó que el Estado informe bajo qué parámetros y pruebas abrió cada sumario, y exigió enfocar las pericias judiciales hacia quienes ejercían la conducción del instituto al momento de expedirse los títulos.
