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El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue denunciado ante la Justicia federal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción del Gasoducto Troncal Lavalle Catamarca. La obra estaba a cargo de la empresa MEGA, que figura como propiedad del empresario salteño Carlos Fernando Berruezo Sánchez. La denuncia cuestiona que la provincia haya aceptado reducir a $300 millones una multa que, según los denunciantes, debería ser de $6.000 millones.
En la presentación, a la que accedió LPO, se solicita investigar los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
La denuncia fue presentada por Sofía Nahur Rivera Ortega y apunta también contra Nicolás Rosales Matienzo, fiscal de Estado; Alberto Kozicki, ex ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente; Marcos Rodolfo José Denett, ex fiscal de Estado; y Alberto Adolfo Natella, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia.
En agosto de 2022, Catamarca contrató a MEGA para construir el gasoducto. El proyecto tenía un presupuesto original de $4.560 millones y se financiaba con fondos nacionales transferidos a la provincia.
En julio de 2023 se pagó a la empresa un anticipo financiero de $454 millones, cubierto por una póliza de caución. La obra se complicó: en 2023 la provincia aplicó a MEGA una multa de $1.963 millones por incumplimientos y, en abril de 2024, resolvió rescindir el contrato. La empresa judicializó la decisión y el conflicto quedó abierto.
Este año, el gobierno de Jalil avanzó con un acuerdo conciliatorio que cerró el conflicto. Según la denuncia, MEGA desistió de las acciones judiciales y aceptó pagar a la provincia $301 millones. A cambio, Catamarca renunció a los reclamos contra la constructora, incluida la multa, y se comprometió a liberar las garantías.
MEGA nunca terminó el gasoducto que le fue adjudicado. La multa de $1.963 millones, que ahora se acordó levantar por el pago de $301 millones, superaría los $6.000 millones si se actualizara por inflación.
Ese es el eje de la denuncia, que sostiene que los números del acuerdo no cierran y cuestiona cómo se llegó a la cifra de $301 millones. Los denunciantes afirman que el expediente no contiene una evaluación económica que determine la conveniencia del arreglo y que la cifra circuló de un organismo a otro sin que se asentara cómo fue construida.
El escrito incluye además un cálculo de actualización por inflación. Estima que los $454 millones del anticipo equivalían a alrededor de $3.079 millones en agosto de 2026. Con el mismo criterio, calcula que la multa de $1.963 millones habría superado los $6.821 millones.
La acusación apunta también al origen nacional de los recursos. El convenio que financió la obra establecía mecanismos de rendición y preveía que los fondos no aplicados debían reintegrarse. Según la denuncia, una vez frustrada la obra, Catamarca no podía tratar ese dinero como recursos provinciales de libre disponibilidad.
Los denunciantes utilizaron ese argumento para llevar el expediente al fuero federal. Sostienen que el caso afecta fondos del Estado nacional transferidos específicamente para la construcción del gasoducto y piden investigar qué ocurrió con ese dinero.
La presentación pone bajo sospecha la intervención de los organismos de control provinciales. Según el escrito, la Fiscalía de Estado sostuvo que evaluar la conveniencia económica excedía sus competencias, y la Asesoría General de Gobierno consideró que tampoco le correspondía hacerlo. Para los denunciantes, el resultado fue que ningún organismo realizó la evaluación económica del acuerdo.
La denuncia señala que el 9 de septiembre cuatro diputados provinciales hicieron una presentación ante la Fiscalía General de la provincia por la misma obra. La nueva acción busca que la Justicia federal investigue específicamente la posible afectación de fondos nacionales.
Entre las medidas solicitadas figuran preservar los expedientes, reconstruir el movimiento de los fondos nacionales, realizar una pericia contable y establecer el valor actualizado tanto del anticipo como de la multa.
El caso se suma a otros cuestionamientos sobre la relación de Jalil con algunas constructoras. Como reveló LPO, la empresa Guido Mogetta, señalada por fuentes provinciales como el «Lázaro Báez» de Catamarca, es una de las contratistas preferidas del gobernador. Acumuló obras provinciales por miles de millones y luego integró la unión empresaria que obtuvo del gobierno de Javier Milei la concesión por 20 años de una parte de la autopista Rosario-Córdoba. El empresario es familiar de Franco Mogetta, quien fue secretario de Transporte de Javier Milei.
