Discapacidad, desempleo y morosidad: las demandas del Episcopado que incomodan al régimen libertario de Milei

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) redobló en los últimos días sus exigencias a la administración nacional que encabeza Javier Milei, reclamando medidas urgentes frente al impacto del plan económico en el empleo, la atención a personas con discapacidad y el endeudamiento de las familias, en medio de los preparativos para la llegada del papa León XIV, quien estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

El arribo pontificio desató dos realidades contrapuestas para la Casa Rosada: mientras los voceros presidenciales buscaron capitalizar la estadía como un hecho de trascendencia y un puente de diálogo, en los despachos oficiales predomina la incomodidad por los cuestionamientos del clero. Pese a las mesas de coordinación técnica y logística entre el Estado y los obispos, la cúpula eclesiástica mantiene distancia ideológica y sostiene que los canales institucionales no implican una convalidación a las medidas de ajuste.

Uno de los principales focos de conflicto se expuso en la reunión técnica celebrada en la sede del Ministerio de Salud, donde la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Mesa de Discapacidad denunciaron la parálisis de los servicios básicos de rehabilitación, cobertura médica y apoyos pedagógicos. Representantes de las entidades civiles remarcaron que el diálogo no puede convertirse en un montaje temporal por la coyuntura del viaje papal y reclamaron respuestas presupuestarias concretas para frenar el desamparo de miles de hogares.

A la tensión en el área sanitaria se sumó la preocupación por el endeudamiento familiar. El presidente de la CEA, Marcelo Colombo, pidió la intervención de las autoridades para regular las condiciones de crédito y evitar el avance de una crisis de impagos, en sintonía con las estadísticas del Banco Central que ubicaron la morosidad de los préstamos al sector privado en un pico del 12,9%, impulsada fundamentalmente por el atraso en tarjetas de crédito y préstamos personales.

El cuadro de reclamos se completa con el deterioro del mercado laboral y la vulnerabilidad de las juventudes. Datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo dieron cuenta de la pérdida de más de 430.000 empleos registrados y la baja de más de 31.000 empresas durante el actual ciclo de gobierno, a lo que se acoplan los informes del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que señalan que casi el 70% de los jóvenes sobrevive entre el desempleo y la informalidad. Frente a este panorama, las autoridades eclesiásticas rechazaron la iniciativa gubernamental de reducir la edad de imputabilidad a 14 años, al catalogarla como una maniobra electoral que desatiende el trasfondo de desocupación, marginalidad y avance del narcotráfico.