Cierre de empresas, deuda familiar y despidos: los ejes del documento episcopal que interpela a Milei

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) intensificó sus reclamos hacia la administración del presidente Javier Milei por las consecuencias del ajuste económico en las áreas de discapacidad, empleo y endeudamiento familiar, a un mes del arribo al país del papa León XIV, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. Aunque las autoridades nacionales buscan encuadrar la visita como un espacio de unidad institucional y coordinan operativos de seguridad y logística con los obispos, el clero remarcó que los contactos técnicos no subsanan la falta de respuestas concretas frente al deterioro de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

El endurecimiento del posicionamiento eclesiástico quedó de manifiesto durante un encuentro en el Ministerio de Salud, donde representantes de la Iglesia y entidades del sector analizaron el crítico panorama de las personas con discapacidad. María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad, advirtió tras la reunión que «los gestos solos no alcanzan», mientras que la Comisión Episcopal de Pastoral Social denunció una marcada situación de abandono institucional junto a severas restricciones en el acceso a la salud, rehabilitación y educación esencial.

A su vez, el presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, advirtió sobre el creciente sobreendeudamiento de las familias y demandó criterios de contención económica estatal. El señalamiento coincide con el último informe del Banco Central, que registró una morosidad del 12,9% en julio en el crédito bancario a los hogares, empujada por tasas del 16,7% en préstamos personales y del 12,8% en el financiamiento con tarjetas de crédito.

El impacto sobre el mercado laboral también formó parte de los documentos del Episcopado, que señaló la pérdida de empleos en el sector público, el parate de la obra pública y el cierre de cooperativas barriales. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde el inicio del mandato libertario cerraron 31.342 empresas —8.734 de ellas durante el primer semestre del año—, lo que derivó en la pérdida de 434.126 puestos asalariados registrados.

El panorama trazado por la Iglesia sumó la voz de alerta de Cáritas y la Pastoral Carcelaria respecto a la juventud y el avance del narcotráfico. Además de rechazar por «oportunismo electoral» la baja de la imputabilidad penal a los 14 años promovida por el Ejecutivo, los religiosos destacaron el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el cual precisó que apenas el 14,2% de los jóvenes entre 18 y 25 años goza de un empleo con plenos derechos, en tanto casi el 70% se halla en situación de informalidad, desocupación o inactividad.