Causa del vecino descuartizado: nuevos allanamientos de Prefectura en los barrios Lucía Ortiz y Rotary 23

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina llevaron adelante dos allanamientos simultáneos este jueves en Caleta Olivia, en el marco de la investigación por el homicidio de Mario «Pato» García, cuyos restos descuartizados fueron encontrados en enero pasado tras haber denunciado complicidad policial con el narcotráfico. Durante las diligencias ordenadas por la justicia provincial, las autoridades secuestraron un automóvil e inspeccionaron inmuebles con peritos científicos para incorporar pruebas al expediente.

El principal procedimiento se concentró en una vivienda de dos plantas situada sobre la calle José Álvarez —prolongación de la Ruta Nacional 3— en el barrio Lucía Ortiz. El inmueble ya había sido blanco de una inspección meses atrás, donde se retuvo una camioneta todo terreno; en esta nueva intervención, personal de la división científica requisó las instalaciones e incautó un Fiat Cronos rojo que permanecía estacionado en el garaje.

En paralelo, otra comisión de la fuerza federal intervino en una propiedad de la calle Podestá, perteneciente a un complejo habitacional construido por el gremio petrolero en el barrio Rotary 23, al suroeste del casco urbano. Las autoridades judiciales aguardan las conclusiones periciales y el parte formal de la fuerza para constatar el alcance del material reunido durante el operativo.

El expediente reconstruye la trama iniciada el 8 de diciembre de 2025, fecha en que García, de 50 años, desapareció del departamento en el que residía en el barrio 2 de Abril. Pocos días antes, el vecino había asegurado en una entrevista televisiva que ese sector estaba bajo una «zona liberada» para la comercialización de estupefacientes e insinuó que involucraría con nombre y apellido a un oficial de la Comisaría Tercera local.

Pese a los rastrillajes iniciales de la fuerza provincial, el 21 de enero un deportista halló una mano humana en un descampado próximo al barrio 13 de Diciembre. En jornadas consecutivas, las autoridades levantaron dos manos, parte de una extremidad inferior y una cabeza a lo largo de un corredor que llegaba hasta el barrio Bicentenario, determinándose semanas después vía cotejo de ADN con un hermano que se trataba de García.

El lento progreso del caso generó fuerte malestar vecinal e impulsó al presidente del Tribunal Superior de Justicia provincial, Gabriel Contreras, a disponer una auditoría sobre el juzgado interviniente por demoras manifiestas. Frente a las sospechas que apuntan a posibles nexos policiales, la instrucción recayó en la Prefectura Naval, mientras que la cartera de Seguridad de la Nación elevó a 10 millones de pesos el fondo de recompensa destinado a quien aporte información sobre los responsables.