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Las cámaras de proveedores mineros del interior de Catamarca endurecieron sus medidas de fuerza y reclamos formales esta semana en reclamo de una participación real y efectiva en los contratos de las operadoras, en un contexto signado por los anuncios de inversiones multimillonarias bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La falta de derrame económico directo motivó bloqueos sobre la Ruta Nacional 60 y en el yacimiento de litio de Zijin-Liex en Fiambalá, a la vez que encendió el alerta gremial en Andalgalá ante el trazado logístico diagramado para la futura construcción de MARA.
En Fiambalá, los reclamos nucleados en la Cámara de Proveedores Mineros de Tinogasta (CAPROMITI) derivaron en cortes de ruta y en el bloqueo al ingreso de la planta de Tres Quebradas. La protesta, encabezada por su titular, Enzo Morales, bajo el lema «Sin desarrollo local, no hay minería», denunció el incumplimiento de los compromisos de abastecimiento y criticó que la firma china utilice unidades propias para tareas como la escolta obligatoria de camiones, rubro que las empresas zonales demandan prestar. Este conflicto arrastra meses de desgaste: en junio la entidad ya había advertido su disconformidad con los anuncios oficiales y amenazado con medidas, y en septiembre una mesa de trabajo conjunta no logró destrabar acuerdos sobre capacitación y contratación efectiva para la planta aprobada en el RIGI por 709 millones de dólares.
En paralelo, la preocupación se trasladó a Andalgalá tras confirmarse el ingreso de Agua Rica al RIGI por 4.000 millones de dólares y con obras proyectadas hacia fines de 2027. La cámara departamental convocó a una asamblea urgente ante el temor de quedar excluida de la cadena productiva. Según advirtió su presidente, Rodrigo Delgado, el Informe de Impacto Ambiental de explotación presentado por la empresa MARA establece que la fase constructiva se canalizará principalmente por los departamentos de Belén y Santa María a través de la Ruta Provincial 47 por razones logísticas. Frente al riesgo de que el comercio, la hotelería y la industria local queden desatendidos, el sector solicitará audiencias urgentes con el gobernador Raúl Jalil y el Ministerio de Minería para exigir que las obras transcurran de lleno por Andalgalá.
La discusión sobre las trabas de acceso al mercado minero llegó también al plano parlamentario. En la Legislatura provincial, el diputado Francisco Monti (La Libertad Avanza) ingresó un proyecto de ley para reestructurar el Registro de Proveedores Mineros, regulado hoy por una resolución ministerial de 2014. La iniciativa propone preservar la obligación legal de destinar al menos el 70% de los contratos a firmas provinciales, pero eliminando la exigencia de avales, intermediaciones y la afiliación a cámaras empresarias como condición de ingreso. El esquema postula un registro público, gratuito e íntegramente digital, con otorgamiento automático de matrícula mediante declaración jurada y controles estatales posteriores.
En contraposición a este panorama de conflicto, la compañía Rio Tinto reportó avances a través de la implementación de un portal digital propio para el registro y actualización de su red de abastecimiento. De acuerdo con las cifras informadas por la operadora para su proyecto Fénix 1B en el Salar del Hombre Muerto, se adjudicaron contratos por 310,7 millones de dólares a proveedores argentinos, de los cuales 153,6 millones correspondieron de manera directa a empresas radicadas en Catamarca, abarcando una masa de compras que en los últimos dos períodos destinó la mitad de su valor total a empresas del Noroeste Argentino.
