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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, resolvió apoyarse en el canal institucional con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, para atenuar las crecientes advertencias del clero sobre la situación social y evitar un costo político previo al arribo del papa León XIV al país. La maniobra responde a la alarma generada en la Casa Rosada tras los duros pronunciamientos de los principales obispos urbanos contra las medidas económicas de la administración libertaria.
El acercamiento con Colombo, actual arzobispo de Mendoza, se sostiene estrictamente por su investidura eclesiástica. Formado en el obispado de Quilmes bajo la tutela de Jorge Novak —referente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos—, el prelado mantiene un perfil ideológico distante al oficialismo. De hecho, Colombo recibió recientemente a entidades de derechos humanos luego de la controvertida visita de diputados oficialistas a represores en Ezeiza, episodio que derivó en la expulsión del sacerdote organizador, Javier Olivera Ravasi. Pese a estas distancias, Colombo visitó la sede de Gobierno a fines de agosto para ordenar el protocolo papal y esta semana envió emisarios al Ministerio de Salud con el fin de destrabar el conflicto en las partidas de discapacidad.
El financiamiento de esta área sensible constituye uno de los focos de mayor tensión. La confirmación de que el Sumo Pontífice visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole, institución golpeada por los recortes de fondos, motivó a Karina Milei a ordenar una flexibilización en los ajustes del sector. La decisión generó chispazos internos con el ministro de Economía, Luis Caputo, reacio a desactivar las restricciones del gasto. Frente a esa negativa, la funcionaria encomendó al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el diseño de un proyecto para morigerar el impacto fiscal en el área, al tiempo que el presidente Javier Milei planea acudir a la pista de Aeroparque para recibir personalmente al pontífice y capitalizar la fotografía oficial.
En simultáneo, el descontento de la jerarquía católica se amplía en distintos distritos. El arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, advirtió sobre la vulnerabilidad de jubilados, pobres y personas con discapacidad durante la reciente peregrinación a Luján, que congregó a dos millones y medio de fieles, encendiendo alarmas ante la concentración prevista para el 11 de noviembre. Sus palabras motivaron cruces en redes sociales por parte del asesor oficialista Felipe Núñez, respaldado por el propio Caputo.
A la postura porteña se sumaron los cuestionamientos del obispo de San Justo, Eduardo García, quien alertó que la retirada estatal facilita el avance del narcotráfico; el cardenal de Córdoba, Ángel Rossi, quien diagnosticó un país «cascoteado por la pobreza»; y el arzobispo platense y titular de Cáritas, Gustavo Carrara, quien encabezó movilizaciones por tierra, techo y trabajo, remarcando que la actividad económica no puede desentenderse de la urgencia social.
