Recularon en chancletas: la Corte Suprema restituyó de forma interina las restricciones a la venta de tierras a extranjeros

En una decisión de inusual celeridad procesal que modificó los efectos de su propio pronunciamiento emitido apenas ocho días hábiles atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar interina que suspendió provisionalmente la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, restituyendo de ese modo la Ley 26.737 de Tierras Rurales en todo el país. La resolución se conoció en la antesala de la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para debatir el decreto, en un marco de creciente rechazo social hacia la entrega de recursos naturales y cuestionamientos al accionar del tribunal.

El fallo fue suscripto por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces sorteados Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, mientras que Carlos Rosenkrantz votó en minoría en contra del planteo. La resolución se produjo en el marco de la acción colectiva interpuesta por la asociación civil rionegrina Árbol de Pie, la dirigente Magdalena Odarda y las comunidades originarias Lafkenche y Lof Fcta Anecon, dejando sin efecto transitorio las consecuencias del rechazo procesal que la propia Corte había emitido pocos días antes frente a la presentación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata.

Referentes parlamentarios y juristas destacaron la singularidad temporal del volantazo judicial. El diputado Eduardo Valdés y el exministro Carlos Tomada trazaron paralelismos directos con lo ocurrido en 2017 a raíz del resistido fallo del "2x1", al advertir que el tribunal reaccionó al clima de malestar público y abrió una ventana para otros reclamos pendientes contra el DNU, como los amparos laborales de la CGT. En igual sentido, el exdiputado Leopoldo Moreau afirmó que la celeridad judicial busca amortiguar la tensión antes del debate legislativo e instó a respaldar la postura en las calles.

La resolución interina no dirime la validez constitucional definitiva de la desregulación, pero congela las ventas rurales a firmas y capitales extranjeros mientras provincias como La Pampa y Misiones impulsan normativas propias para blindar el territorio y legisladores reclaman auditar las operaciones celebradas durante el período en el que rigió la desregulación del mercado inmobiliario rural.