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El Banco Central de la República Argentina quedó en el centro de los cuestionamientos tras conocerse que su titular, Santiago Bausili, encabezó una serie de operaciones financieras internacionales utilizando reservas de oro como garantía que provocaron una pérdida superior a los mil millones de dólares, en un contexto de profundo ajuste que golpea con dureza a jubilados, personas con discapacidad y al sistema educativo.
La maniobra, llevada adelante en los mercados externos y bajo estricto hermetismo respecto a la localización exacta del metal precioso enviado fuera del país —presuntamente a plazas financieras como Londres—, encendió las alertas políticas y sociales. El episodio contrasta con la situación de vulnerabilidad de los sectores populares y con el reclamo presupuestario de la comunidad educativa, reflejado recientemente en la sentada de estudiantes en la Secretaría de Educación para exigir el cumplimiento de un fallo judicial que ordena recomponer las partidas universitarias.
A este cuadro financiero se suma un deterioro general de las variables productivas: pese a condiciones externas favorables en el agro y la energía, se registra el cierre de más de 30.000 empresas, caída del nivel de actividad económica y precarización salarial. Mientras crecen las versiones sobre posibles relevos en el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, el impacto del manejo de los activos soberanos reabre la discusión regional sobre el rumbo económico de la gestión libertaria y el desafío de los sectores de oposición de cara al escenario electoral.
