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El Ministerio de Economía dio un paso determinante en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al abrir las ofertas económicas de la licitación pública N.º 504/2-0003-LPU26 por el 90% de las acciones. La propuesta ganadora fue encabezada por el consorcio conformado por las firmas Rowing, Arcos, Transclor y PHX Aqua, que ofreció 340,2 millones de dólares frente a los 285 millones de dólares presentados por el grupo Roggio. Al registrarse una diferencia superior al 5%, el proceso no requirió instancias de desempate y la mayor propuesta quedó en condiciones técnicas de ser formalizada en las próximas semanas.
El resultado económico de la compulsa se ubicó 32% por debajo de la estimación oficial anunciada por Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quien había proyectado un piso mínimo de 500 millones de dólares. El pliego licitatorio se estructuró en varias etapas de calificación pero sin fijar un precio base. De acuerdo con datos del proceso, el valor global implícito de la compañía asciende a 447 millones de dólares, suma que contempla 377 millones de capital y 70 millones de deuda asumida por los accionistas actuales, mientras que el 10% del capital accionario continuará bajo la tutela sindical a través del Programa de Propiedad Participada.
El grupo oferente tiene al frente a Rowing, empresa ligada al sector logístico y de construcción, acompañada por la compañía química Transclor —proveedora habitual de AySA y accionista en distribuidoras energéticas metropolitanas—, la firma brasileña Arcos Saneamento como operador técnico internacional y el vehículo inversor PHX Aqua. El trámite administrativo se encuentra a la espera de la apertura de plazos para eventuales impugnaciones, dictamen legal y suscripción del contrato de concesión.
El marco contractual proyectado contempla un período de concesión de 30 años con posibilidad de una prórroga por una década. Para el período 2027-2031, el adjudicatario deberá cumplimentar un plan obligatorio de obras y mantenimiento por 2,89 billones de pesos (alrededor de 2.000 millones de dólares), dentro de un compromiso global que alcanza los 15.040 millones de dólares en todo el término del contrato. Por su parte, el esquema tarifario estipula ajustes acordes a la evolución de la inflación durante el primer quinquenio, en tanto se fijó una audiencia pública para evaluar la reducción de coeficientes zonales de facturación.
La venta de la prestadora se produce luego de una reestructuración interna que implicó la reducción del 22% de su nómina de personal, la eliminación de aportes directos del Tesoro y aumentos tarifarios que llevaron a la empresa a registrar superávit operativo en 2024 y un balance favorable de 237.000 millones de pesos en 2025. La operación forma parte del plan integral del Gobierno nacional para obtener ingresos destinados a fortalecer reservas y atender obligaciones de deuda soberana.
