El régimen libertario de Milei promueve un proyecto de ley para dar de baja la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por decreto

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, negocia con bloques aliados un proyecto de ley para derogar el artículo 154 del DNU 70/23 y restablecer las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros, con el propósito de neutralizar la ofensiva de la oposición en el recinto y dejar sin efecto los amparos judiciales en curso tras la reciente cautelar de la Corte Suprema.

La iniciativa del bloque oficialista propone incorporar esta modificación dentro del debate del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que ya cuenta con sanción del Senado— durante el plenario de comisiones de la Cámara Baja. Al restituir por vía legislativa los límites fijados por la Ley de Tierras en 2012, el Gobierno procura cerrar definitivamente el litigio antes de que el máximo tribunal emita una sentencia de fondo.

La maniobra se produce en un escenario de tensión parlamentaria cruzada por dos convocatorias al recinto. Por un lado, sectores de la oposición resolvieron sostener su pedido de sesión especial para este jueves 15 de octubre con el fin de rechazar el megadecreto presidencial, aun admitiendo que no alcanzarían los 129 diputados necesarios para el cuórum y que el encuentro derivaría en una sesión en minoría. Desde este espacio argumentan que la protección del recurso no debe depender de una cautelar judicial provisoria y buscan visibilizar el reclamo en coincidencia con una marcha anunciada hacia el Congreso.

En contrapartida, el oficialismo formalizó una citación para el próximo 21 de octubre, donde confía en llevar al recinto la reposición de la Ley de Tierras ya dictaminada. El temario oficialista prevé además el tratamiento de un módulo informático de trazabilidad de medicamentos críticos e ingredientes farmacéuticos activos (IFA), junto con los despachos de mayoría sobre el régimen de discapacidad y los programas de endeudamiento familiar y morosidad.

En esta última convocatoria quedó postergado el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, luego de que las bancadas aliadas y la oposición rechazaran facultar al nuevo Consejo de Seguridad Nacional para ordenar medidas militares extremas sin control parlamentario y cuestionaran la penalización de campañas de desinformación masiva.