Corredores Viales: ocho tramos pasaron a manos privadas y unos 600 trabajadores quedaron sin continuidad laboral

Ocho corredores de rutas nacionales comenzaron a ser administrados por empresas privadas desde la cero hora de este miércoles 7 de octubre, luego de que finalizara la concesión de Corredores Viales S.A. El traspaso, que abarca más de 3.900 kilómetros en once provincias, dejó sin continuidad laboral a unos 600 trabajadores, según denunció el sindicato SUTRACOVI, porque los pliegos de licitación no exigían mantener sus puestos.

El cambio forma parte del proceso de privatización que el Gobierno de Javier Milei puso en marcha con el Decreto 97/2025, publicado en febrero de 2025. Esa norma autorizó la privatización total de Corredores Viales mediante concesiones de obra pública por peaje y previó su posterior disolución y liquidación.

En agosto de 2026, la Resolución 1379 del Ministerio de Economía adjudicó los ocho tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones: Centro, Centro Norte, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe, Mesopotámico y Cuyo. Los contratos tienen una vigencia de 20 años. Las rutas atraviesan Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Mendoza.

Según Vialidad Nacional, con esta etapa el sistema supera los 9.000 kilómetros concesionados y alcanza corredores por los que circula cerca del 80% del tránsito nacional. El organismo sostiene que el nuevo esquema incorporará inversión privada, mejorará los estándares de operación y mantenimiento, y permitirá controlar el desempeño mediante indicadores. Agrega que funcionará sin subsidios estatales y que Vialidad seguirá supervisando el cumplimiento de los contratos.

Del lado laboral, SUTRACOVI informó que alrededor de 600 trabajadores de los corredores de Santa Fe y zonas de influencia quedaron fuera del nuevo esquema. Muchos de ellos tenían entre 15 y 20 años de antigüedad. “Se cierra una etapa que deja a muchos trabajadores y trabajadoras sin continuidad laboral”, afirmó su secretario general, Leandro Bond. El gremio señaló que había realizado gestiones ante autoridades provinciales y nacionales para preservar los empleos y que, en los meses previos, ya había advertido que solo una parte reducida de la nómina podría continuar. También indicó que numerosos empleados habían atravesado acuerdos de desvinculación ante el fin de la concesión.

Una respuesta del Ministerio de Economía incorporada a documentación parlamentaria confirmó que los pliegos no establecieron una cláusula específica de continuidad laboral ni prioridad de contratación para los trabajadores de la concesionaria saliente. La cartera explicó que las nuevas empresas podían volver a contratarlos por su experiencia en la actividad.