
El diputado Monti denunció que faltan $3.250 millones en el Fideicomiso Minero provincial
TELEDIARIO.ar
El diputado provincial Francisco Monti (La Libertad Avanza) cuestionó con dureza al Gobierno de Catamarca por la administración de las regalías mineras, al advertir que existe una brecha sin justificar de $3.250 millones entre los recursos recaudados por el Ejecutivo y el dinero efectivamente depositado en el Fideicomiso Minero entre julio de 2025 y junio de 2026.
De acuerdo con el desglose presentado por el legislador, la Provincia informó ingresos por $17.900 millones en concepto de regalías a lo largo de ese período de doce meses. Sin embargo, a la cuenta especial destinada a concentrar esos recursos únicamente ingresaron $14.650 millones. Al respecto, Monti sentenció: “Se comieron en el medio 3.250 millones”.
El dirigente opositor remarcó que la totalidad de la recaudación minera debe transferirse a esa cuenta específica, la cual opera como un patrimonio diferenciado dentro del Estado. Su función legal es respaldar un plan de desarrollo estratégico centrado en infraestructura, proyectos de inversión y fomento productivo en las comunidades del interior. No obstante, el diputado aseguró de forma tajante que dicha planificación "claramente no existe".
La advertencia forma parte de una serie de reclamos que el bloque libertario sostiene en la Legislatura. En enero, la bancada rechazó la adenda contractual del Proyecto Fénix —que integró al esquema el fideicomiso del Salar del Hombre Muerto— bajo el argumento de que la Provincia adeuda la formulación del plan estratégico desde la sanción misma de la Ley de Regalías Mineras. Posteriormente, en agosto, Monti había exigido que la venta de áreas de la empresa estatal CAMYEN se concrete mediante licitación pública cuando se debatió girar parte de esas operaciones al fideicomiso.
Pese a los cuestionamientos administrativos, el diputado ratificó su postura favorable hacia la industria: afirmó que apoya la llegada de inversiones y la actividad extractiva, pero subrayó que el Estado debe actuar de manera transparente e inteligente para garantizar que los recursos beneficien a los catamarqueños y no desemboquen en una nueva desilusión histórica.


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