Denunciaron penalmente a Milei y Caputo por negarse a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

La presentación judicial impulsada por Gabriel Solano en los tribunales de Comodoro Py acusa al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo de desobediencia y abuso de autoridad, luego de que el juez federal Martín Cormick declarara inconstitucional el decreto que suspendía la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y ordenara la recomposición salarial inmediata ante la inflación.
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Luis Andrés Caputo y Javier Gerardo Milei.
Luis Andrés Caputo y Javier Gerardo Milei.

El dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, presentó este miércoles una denuncia penal en los tribunales federales de Comodoro Py contra el presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La acusación apunta a los supuestos delitos de desobediencia y abuso de autoridad, motivada por la falta de aplicación de la medida cautelar que exige la ejecución inmediata de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, destinada a actualizar los salarios y gastos operativos de las casas de altos estudios según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.

La presentación judicial reconstruye el derrotero legislativo y normativo de la ley. Tras el veto inicial ejercido por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación insistió y ratificó la iniciativa con mayoría calificada. Sin embargo, al momento de promulgarla, el Gobierno emitió el Decreto 759/2025 para suspender su vigencia de forma condicionada, bajo el argumento de que el Parlamento debía establecer previamente las fuentes específicas de financiamiento e incluirlas en las partidas presupuestarias.

Dicho esquema de postergación fue frenado el pasado 6 de octubre por el juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional la disposición del decreto que frenaba la norma y ordenó su cumplimiento inmediato. Al advertir que la resolución no fue acatada en los plazos previstos, Solano acudió a la Justicia penal solicitando que se investigue tanto al mandatario y al titular del Palacio de Hacienda como a cualquier funcionario que haya intervenido en el desacato.

Al fundamentar su reclamo, Solano sostuvo que la negativa oficial a recomponer las partidas profundiza el deterioro de la comunidad académica y ejemplificó que un cargo testigo de ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibe apenas $561.659. Ante este escenario, el dirigente enfatizó la necesidad de movilización en defensa de la universidad pública y remarcó que el Ejecutivo incurre en un desconocimiento deliberado de las resoluciones judiciales.

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