Secuestran 17 aves, 20 jaulas y dispositivos móviles en una causa por infracción a la ley de fauna

En el marco de las políticas de preservación y conservación de la biodiversidad regional, un despliegue conjunto entre fuerzas policiales, organismos de recursos naturales y la Justicia local permitió desarticular un foco de tenencia ilegal de especies protegidas en el departamento Valle Viejo, logrando el resguardo de los ejemplares y la incautación de pruebas clave para la causa en curso.
CatamarcaHace 50 minutosTELEDIARIO.arTELEDIARIO.ar

Un total de diecisiete aves que permanecían en cautiverio y veinte jaulas fueron secuestradas durante un allanamiento realizado en la localidad de Sumalao, como resultado de una pesquisa orientada a combatir la infracción a las normativas de protección de la fauna autóctona. Durante la irrupción en la propiedad, los investigadores también incautaron un teléfono celular presuntamente vinculado a las maniobras ilícitas investigadas.

El procedimiento se concretó en un inmueble situado sobre la calle Samuel Molina sin número, tras una serie de averiguaciones previas orientadas a constatar la infracción a las normativas de protección animal. El dispositivo estuvo a cargo de efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, quienes actuaron de manera articulada con inspectores de la Dirección de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad, y sumariantes pertenecientes a la Unidad Judicial N° 10.

Al ingresar a la propiedad, la comitiva constató la presencia de los ejemplares confinados en jaulas individuales, disponiendo de inmediato su resguardo formal para evaluar su estado sanitario y coordinar su posterior reinserción en el hábitat natural. En simultáneo, el dispositivo móvil decomisado quedó a disposición de los peritos informáticos para establecer posibles conexiones de comercio ilegal de especies silvestres.

Tras el cierre del operativo en el domicilio, las actuaciones labradas y los elementos incautados fueron elevados a la Justicia Penal competente, desde donde se ordenaron las directivas procesales correspondientes para determinar las responsabilidades penales de las personas vinculadas al predio intervenido.

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