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Representantes y vecinos de Fiambalá mantienen medidas de asamblea permanente a la espera de que el Poder Ejecutivo de Catamarca defina la ubicación de la futura zona franca en su jurisdicción y no en la ciudad de Tinogasta. La controversia se profundizó tras el tratamiento legislativo del dictamen que adhiere al convenio entre Nación y Provincia. La normativa establece que el enclave aduanero se situará en el departamento Tinogasta, pero deja en manos del gobierno provincial la potestad de determinar en cuál de los dos municipios se establecerá.
El marco legal y el reclamo de certeza territorial
En declaraciones radiales, el vocero Jorge Tejada explicó que el artículo primero del dictamen adhiere formalmente al convenio bilateral para la creación de la zona franca. No obstante, remarcó que el artículo segundo no fija la sede exclusiva en la cabecera departamental, sino que delega en el Ejecutivo la elección entre el municipio de Tinogasta o el de Fiambalá.
Tejada desmintió las versiones de que el texto garantice una radicación en Tinogasta con extensión a Fiambalá. Ante este escenario, sostuvo que la comunidad no busca promesas sino «certeza administrativa escrita», advirtiendo que, de situarse la sede primaria en Tinogasta, la concreción de una eventual subsede fiambalense podría demorar de uno a diez años, sujeta a trámites y voluntades políticas de turno.
Capacidad productiva y fundamentación técnica
Desde la postura fiambalense se argumenta que el departamento está compuesto por dos municipios autónomos de primera categoría y que la actividad económica que justifica la zona franca proviene de su jurisdicción. Entre los factores expuestos se destacan la cercanía y el control del 75 % del territorio limítrofe con Chile en el Paso San Francisco, un parque industrial de 776 hectáreas con servicios instalados y un polo minero en actividad.
En dicho enclave opera una firma que exporta carbonato de litio desde hace ocho o nueve meses, a la que se suman el proyecto minero Tres Cruces —con un 30 % de avance— y otras ocho empresas en fase de exploración. Frente a esto, los residentes rechazan verse perjudicados frente a la ciudad de Tinogasta, y señalan además la falta de representación de la senadora departamental.
Gestiones en Buenos Aires y sospechas de acuerdos políticos
De acuerdo con lo expuesto en la entrevista, delegados locales mantuvieron una reunión en Buenos Aires con el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y la subsecretaria de Comercio Exterior, Carolina Cuenca. En dicho encuentro, según Tejada, las autoridades nacionales coincidieron en la pertinencia de instalar el área en Fiambalá tras escuchar sus argumentos técnicos e históricos.
Asimismo, el portavoz vinculó la intención de fijar la zona franca en Tinogasta con presuntos favores políticos. Apuntó de manera directa contra el diputado nacional David Sebastián Nóblega, acusándolo de haber respaldado iniciativas económicas de la administración del presidente Javier Milei en el Congreso por instrucción provincial a cambio de inclinar la balanza territorial hacia su distrito.
Alerta ambiental por la cuenca hídrica
De forma paralela al debate aduanero, se alertó sobre la situación de los recursos hídricos. Los pobladores advirtieron que desde hace cuatro meses reclaman por la autorización otorgada a la compañía KABIL, de capitales indios, para realizar tareas de exploración sobre la cuenca del río Chaschuil-Guanchín.
Se enfatizó que dicho cauce es la única fuente que irriga, mediante inundación, el área productiva y agrícola de Fiambalá, por lo que se exigió al gobierno provincial frenar las licitaciones y permisos en la zona para resguardar la sustentabilidad de la comunidad actual y de las futuras generaciones.
