Multitudinaria marcha universitaria ante el Congreso: exigen al régimen libertario de Milei cumplir la Ley de Financiamiento

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y gremios como CTERA encabezaron este jueves una masiva manifestación frente al Congreso de la Nación, donde le exigieron formalmente al presidente Javier Milei el cumplimiento estricto de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria tuvo como eje central la advertencia de que las casas de altos estudios enfrentan un serio riesgo de no poder garantizar sus actividades ordinarias durante el próximo ciclo lectivo ante el desfinanciamiento presupuestario y la falta de convocatoria a paritarias salariales.

A poco de comenzar la lectura del texto en el acto central, efectivos de las fuerzas de seguridad avanzaron sobre los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma en un intento por dispersar la concentración. Pese a los incidentes, los organizadores dieron a conocer un documento unificado donde subrayaron que tanto las leyes votadas por los legisladores como las medidas cautelares dictadas por la Justicia obligan al Poder Ejecutivo a girar los fondos adeudados y garantizar el funcionamiento de todo el sistema educativo público.

En el pronunciamiento, los representantes de la comunidad académica cuestionaron el proyecto del Presupuesto 2027 remitido por el Gobierno, al que definieron como el más magro de la historia tras asignar menos del 1% del Producto Bruto Interno a la educación superior y omitir las partidas de financiamiento vigentes. Ante este escenario, ratificaron el esquema propuesto por el CIN, que solicita un incremento de recursos del 33,4% en relación con la propuesta del Ejecutivo nacional.

El texto también alertó sobre el deterioro en el área científica y tecnológica debido a la paralización de proyectos soberanos y la salida de investigadores del país. Paralelamente, los dirigentes denunciaron la aplicación de una política deliberada de deserción estudiantil inducida por la desinversión en las Becas Manuel Belgrano, el congelamiento de las Becas Progresar —mantenidas en $35.000 desde 2024— y la parálisis de las asignaciones de Estímulo a las Vocaciones Científicas.

Finalmente, el documento fustigó la pérdida de poder adquisitivo de los docentes y nodocentes, reclamó la urgente reapertura de negociaciones salariales colectivas y demandó el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el nomenclador preuniversitario y las garantías jubilatorias, concluyendo que la universidad pública argentina constituye un pilar indispensable de desarrollo y no una carga para el Estado.