Revés judicial para el régimen libertario de Milei: la Justicia ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick rechazó un recurso presentado por el Gobierno nacional con el que pretendía frenar la ejecución de la medida cautelar que le exige aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución judicial fue tomada en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires ante la negativa del Ministerio de Capital Humano de otorgar las actualizaciones salariales y el incremento de becas previstos legalmente, luego de que el propio magistrado determinara la inconstitucionalidad de los condicionamientos impuestos por el Poder Ejecutivo.

La disputa se reactivó cuando el Ministerio que conduce Sandra Pettovello planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio. La apoderada estatal argumentó que la orden de cumplimiento cautelar debía quedar sin efecto, ya que su validez original regía hasta el dictado de la sentencia definitiva de primera instancia, hecho acontecido el 6 de octubre con la anulación del decreto 759/25. A través de esa norma, la administración nacional había condicionado la suba presupuestaria a que el Congreso precisara la procedencia de los fondos fiscales.

Sin embargo, el magistrado consideró que el pedido gubernamental resultaba improcedente y ratificó que la apelación concedida solo habilitaba revisar la declaración de inconstitucionalidad del decreto de fondo, sin suspender los efectos de la cautelar vigente. La decisión fue respaldada procesalmente por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires, litigantes que, a través de sus representantes legales, denunciaron una estrategia oficial orientada a demorar los pagos en lugar de recurrir de forma directa a los carriles urgentes de la Corte Suprema.

Como consecuencia de la falta de acatamiento a la medida —que ya había adquirido firmeza en junio ante la máxima instancia judicial del país—, el magistrado resolvió aplicar una sanción pecuniaria de 100 mil pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Las actuaciones del tribunal constataron que la administración no garantizó la recomposición remunerativa docente y no docente frente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023, ni cumplió con la actualización de programas de asistencia estudiantil como las becas Progresar.

El fallo judicial se conoció en la previa de la Quinta Marcha Federal Universitaria hacia el Congreso y en medio de las declaraciones del portavoz presidencial Adrián Ravier, quien durante una rueda de prensa solicitó respaldo a los medios de comunicación y afirmó que la gestión realiza esfuerzos presupuestarios continuos, al tiempo que advirtió sobre el malestar social que provocan las acusaciones de desobediencia normativa.