Fuerte impacto político: más del 60% desaprueba que el régimen libertario de Milei desoiga los fallos sobre fondos universitarios

El 62,7% de los ciudadanos evalúa de forma negativa que la administración de Javier Milei desoiga las sentencias judiciales y evite aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, según relevó la última encuesta nacional de Analogías realizada a mediados de octubre. Este amplio descontento se consolidó en una semana marcada por la Quinta Marcha Federal Universitaria en las calles y refleja un rechazo social transversal que excede al arco opositor tradicional, afectando de manera directa el capital político del oficialismo.

El sondeo —llevado a cabo entre el 10 y el 14 de octubre— detalló que apenas un 26,6% respalda la postura de la Casa Rosada. La desaprobación trepa al 70,6% entre la población con estudios terciarios o universitarios completos. De acuerdo con la dirección de la consultora, el rasgo sobresaliente del fenómeno es su penetración en sectores no politizados, donde el repudio alcanza el 70%, sumando incluso a un 45% de los votantes identificados con un oficialismo moderado.

La tendencia negativa fue convalidada por otros estudios de opinión pública difundidos recientemente. Desde Zuban Córdoba y Asociados indicaron que el apoyo a la educación pública se sitúa en un 94% y el respaldo al reclamo de las casas de altos estudios trepa al 92%, mientras la insatisfacción general con la gestión nacional escala al 64%. Por su parte, la firma Proyección Consultores midió un 52,4% de evaluación negativa de la administración central y un 55,2% de imagen desfavorable del presidente.

Pese a que el conflicto evidencia un fuerte componente de polarización política y dificultades en amplias capas sociales para comprender los detalles técnicos del marco legal, el temor al vaciamiento de las instituciones educativas opera como factor de consenso mayoritario. Analistas señalan que la problemática se suma a otros focos de descontento como la situación de los jubilados, el Hospital Garrahan y las prestaciones por discapacidad.

Finalmente, el debate en torno a las cuentas públicas sumó un análisis técnico de Zentrix Consultora que pone en duda la imposibilidad económica invocada por el Gobierno. El informe económico demostró que la aplicación total de la norma exigiría entre 2,45 y 3,65 billones de pesos para 2027, una cifra inferior a los 5,93 billones de pesos que permanecen sin asignación específica dentro de las Obligaciones a cargo del Tesoro, evidenciando que los recursos previstos permiten sostener el presupuesto universitario sin alterar el balance fiscal.