Kicillof llevará a la Justicia a Milei y Caputo por presunta malversación del Fondo Hídrico

El gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció este lunes que radicará una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y los funcionarios responsables del área económica, por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La administración provincial fundamentó la presentación judicial en la paralización y falta de ejecución de los recursos asignados a obras de infraestructura destinadas a prevenir inundaciones, en un contexto de alta vulnerabilidad frente al fenómeno climático de «El Niño».

La comunicación oficial estuvo a cargo del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis, quien encabezó una conferencia de prensa en la capital bonaerense acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Durante su intervención, Katopodis precisó que la acción legal responde a una instrucción directa del gobernador Axel Kicillof y apunta a determinar responsabilidades en la subejecución sistemática de las partidas federales para saneamiento y desagües.

De acuerdo con los datos expuestos por las autoridades bonaerenses, la administración central ejecuta apenas uno de cada tres pesos correspondientes al Fondo Hídrico Nacional, partida que se financia a través de tributos específicos a los combustibles. El ministro provincial denunció que existe un remanente acumulado de 339.993 millones de pesos que no fue volcado a proyectos hidráulicos, acusando al Ejecutivo nacional de haber redireccionado tales activos hacia colocaciones financieras en lugar de atender la contención hídrica.

La urgencia del reclamo radica en la previsión meteorológica vinculada a «El Niño», cuyas precipitaciones ya generaron desbordes en el Litoral argentino y amenazan con afectar gravemente a los distritos bonaerenses durante los próximos meses. El ministro de Infraestructura advirtió que la provincia enfrentará un escenario crítico sin el respaldo de obras esenciales, entre las cuales figuran los trabajos en las cuencas de los ríos Salado y San Francisco-Las Piedras, sumados a un crédito de 200 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial que permanece inactivo.

Asimismo, la gobernación cuestionó la negativa del Palacio de Hacienda a otorgar avales soberanos para préstamos internacionales tramitados por Buenos Aires. Katopodis contrastó esta situación con la autorización concedida a otras diez provincias para acceder a 18 créditos por un total de 1.973 millones de dólares, remarcando una disparidad de trato hacia el distrito más poblado del país.

Por último, el funcionario adelantó que la representación provincial se presentará el próximo 26 de octubre en la audiencia pública convocada para debatir el esquema tarifario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). En esa instancia, la provincia impugnará los incrementos tarifarios —que ya superan el 500%—, manifestará su rechazo al proceso de privatización de la compañía y exigirá garantías formales sobre el sostenimiento de los planes de extensión de agua potable y saneamiento cloacal.