Diputados dio luz verde a la Ley de Discapacidad con actualización por inflación y garantías de financiamiento

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto unificado de la nueva Ley de Discapacidad luego de que el bloque oficialista aceptara modificar de manera sustancial su texto original. La rectificación, impulsada desde la presidencia de la Cámara encabezada por Martín Menem durante la tarde del miércoles en el Congreso, respondió a la necesidad de desactivar una inminente derrota parlamentaria y atender los reclamos del colectivo de organizaciones sociales, cuyos representantes exigían frenar el desfinanciamiento propuesto en el capítulo VI del proyecto de Presupuesto.

El acuerdo definitivo se cerró en el despacho de Unión por la Patria tras una ronda inicial de diálogo coordinada por el diputado Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) con las entidades del sector. En la redacción final participaron activamente los legisladores de la oposición Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz y Juan Marino, junto a las oficialistas Laura Rodríguez Machado y Giselle Castelnuovo. A cambio del respaldo legislativo, el Gobierno accedió a plasmar en el articulado las garantías de financiamiento y estabilidad prestacional que demandaba la oposición, preservando únicamente la exclusión del término "emergencia" en el título de la norma.

En materia económica, la iniciativa sancionada dispone que el Tesoro Nacional cubrirá de manera obligatoria cualquier déficit si las partidas de Salud resultan insuficientes. Asimismo, establece que el presupuesto real asignado por beneficiario no podrá disminuir y fija una actualización mensual de los aranceles de las prestaciones en función del índice inflacionario. A su vez, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo perentorio de 30 días para remitir un cronograma de compensación de deudas a los prestadores, las cuales deberán cancelarse en un período no mayor a 90 días, asegurando en todo momento la continuidad de la atención médica esencial.

El dictamen unificado también introdujo salvaguardas para los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez laboral. El texto ratifica la Ley de Empleo Protegido, estipula que la evaluación económica tomará en cuenta únicamente los ingresos personales sin computar los del entorno familiar y prohíbe las suspensiones preventivas automáticas por cruce de datos: el Estado deberá cursar una notificación fehaciente y otorgar un lapso razonable para que el titular ejerza su derecho de descargo.

Con una amplia mayoría que buscó consolidar un piso de dos tercios de los votos en el recinto, los bloques opositores apuntaron a fortalecer la iniciativa de cara a su próximo tratamiento en el Senado. Al mismo tiempo, este volumen de respaldo parlamentario envía una señal directa a la Casa Rosada frente a la latente posibilidad de un veto total o parcial por parte del Poder Ejecutivo.