Daniela Solohaga repudió el escrache impulsado desde el entorno de Javier Galán: «No necesito mostrarme destruida para que me crean»

Daniela Solohaga, la primera mujer en denunciar penalmente por abuso sexual al diputado provincial Javier Galán (MID), radicó una nueva presentación judicial contra el legislador y un dirigente cercano luego de que difundieran en redes sociales un video elaborado con Inteligencia Artificial con el fin de desacreditarla y cuestionar su situación laboral en la Legislatura.

La acusación formal fue radicada en las últimas horas en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género por la abogada defensora Silvia Barrientos. La presentación apunta de manera directa contra el legislador catamarqueño y contra Martín Paredes Roldán, militante afín a su espacio. Como elemento de prueba, la querella aportó un dispositivo de almacenamiento digital con los registros de la publicación y su posterior viralización.

El hecho se desencadenó cuando Paredes Roldán publicó una pieza audiovisual que combinaba herramientas de Inteligencia Artificial con fotografías y videos personales extraídos de las plataformas digitales de Solohaga. El contenido buscaba sembrar dudas sobre su situación socioeconómica, cuestionaba la asignación de un terreno social y reprochaba que conserve su puesto de trabajo en el ámbito legislativo. El ataque tomó estado público masivo cuando el propio Galán lo compartió en el estado de su cuenta de WhatsApp, registro que borró horas después de haberlo publicado.

Frente a la maniobra, la denunciante emitió un enérgico descargo en el que desmintió las versiones difundidas y condenó los intentos de invalidar su testimonio a través de la exposición de su vida privada. Solohaga remarcó que las grabaciones utilizadas corresponden a videos antiguos de TikTok junto a su hijo y a una colaboración voluntaria para promocionar el comercio de una amiga por el Día de la Madre. Asimismo, precisó que el lote del IPV le fue adjudicado en agosto de 2025 —con anterioridad a los hechos investigados— y que no posee vivienda propia debido a dificultades económicas y al robo de materiales de construcción.

«¿Desde cuándo una sonrisa invalida el dolor de una persona? ¿Desde cuándo una víctima tiene que mostrarse destruida para que le crean?», cuestionó Solohaga, quien relató que debió cambiar de domicilio por el constante asedio y reclamó que el debate se concentre en el esclarecimiento judicial de la causa de abuso en lugar de profundizar en el escarnio público y la revictimización.

Por su parte, Paredes Roldán intentó desmarcarse del señalamiento alegando que su publicación formaba parte del «debate público» sobre los criterios de continuidad de los empleos estatales. Sin embargo, la acción legal quedó formalmente incorporada a la órbita de la Justicia de Género y sumó un nuevo capítulo de conflicto judicial y político en torno al diputado del MID.