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El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, procesó este jueves al economista y ex diputado nacional José Luis Espert en una causa por presunto lavado de activos, prohibiéndole la salida del territorio nacional y fijándole un embargo sobre sus bienes por 1.000 millones de pesos. La medida fue adoptada a instancias del fiscal federal Fernando Domínguez, al determinar indicios fundados de blanqueo en la recepción de 200.000 dólares transferidos por una firma ligada a Federico «Fred» Machado, empresario que fue extraditado a los Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico.
La resolución judicial también alcanzó a Mariano Cosentino, contador del economista, procesado como partícipe necesario de la maniobra delictiva y embargado por 700 millones de pesos. Según los elementos incorporados por la fiscalía a la instrucción, el profesional habría evaluado y diseñado mecanismos contables para eludir la fiscalización tributaria sobre el depósito, contemplando opciones como donaciones ficticias o prestación formal de servicios. En paralelo, la firma Varianza S.A., vinculada a Espert, resultó incluida en el auto de procesamiento y recibió una traba de embargo por 500 millones de pesos.
El expediente penal tuvo su génesis a partir de una denuncia promovida por Juan Grabois, luego de que saliera a la luz una contabilidad paralela investigada por autoridades estadounidenses en empresas de Machado. La pesquisa judicial se concentró en una operación registrada en enero de 2020 a través de la sociedad Wright Brothers Aircraft hacia una cuenta en Estados Unidos. Espert alegó públicamente que dichos fondos correspondían a honorarios por un contrato de consultoría económica para la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, presidida por Machado; sin embargo, la fiscalía argumentó que dicho convenio constituyó una pantalla jurídica, destacando que el economista nunca viajó a dicho país ni acreditó inspecciones en las instalaciones mineras.
El pronunciamiento del juzgado federal se produjo tras la decisión de la Cámara Federal de San Martín, tribunal que desestimó los planteos de nulidad introducidos por los abogados defensores y ratificó la continuidad del fiscal Domínguez al frente del caso. Tras conocerse el fallo de primera instancia, voceros del entorno del economista desestimaron la decisión judicial al calificarla de «disparate conceptual», reiteraron que no se acreditó el origen ilícito del dinero y adelantaron que presentarán una apelación formal ante el tribunal de alzada.
