El régimen libertario de Milei posterga a diciembre la suspensión de las PASO y busca atar la reforma electoral al Presupuesto

El Poder Ejecutivo nacional resolvió postergar para las sesiones extraordinarias de diciembre el debate para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027, luego de constatar en el Congreso de la Nación que no reúne las voluntades necesarias para sancionar la reforma electoral de forma aislada, en una jugada donde buscará condicionar el respaldo de los gobernadores a través de la ley de Presupuesto para evitar el impacto financiero y cambiario que suelen desatar los comicios de agosto.

La estrategia legislativa, diseñada por Karina Milei junto a los armadores Martín Menem, Eduardo «Lule» Menem y Diego Santilli, debió flexibilizar el calendario inicial fijado para inicios de noviembre ante la resistencia parlamentaria. La intención de la administración central apunta a fusionar el debate electoral con las partidas presupuestarias provinciales entre la segunda quincena de noviembre y las sesiones extraordinarias del último mes del año, donde el oficialismo apostará a un desenlace determinante. De no prosperar la iniciativa en esa instancia, el cronograma electoral mantendrá vigentes las primarias obligatorias.

Desde el ámbito económico, la urgencia de la Casa Rosada radica en la advertencia planteada por el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al riesgo de afrontar tensiones y corridas cambiarias durante el período electoral, tal como experimentaron las dos gestiones presidenciales precedentes luego de las elecciones de agosto.

En la vereda contraria, el Partido Justicialista consolidó un bloque común tras un encuentro de sus principales dirigentes para sostener la vigencia de las PASO y obligar al mandatario a someterse a las urnas previas en 2027. La postura unificada contempla el trabajo coordinado entre gobernadores justicialistas y figuras como Sergio Massa y Axel Kicillof.

De forma paralela, las conversaciones con los mandatarios provinciales dialoguistas sumaron fricciones adicionales por la integración del Poder Judicial. Varios jefes provinciales aliados condicionan su acompañamiento a la designación de dos nuevos integrantes en la Corte Suprema de Justicia para elevarla a cinco miembros, barajando las postulaciones de Ariel Lijo y Mariano Borinsky con la contrapartida de viabilizar los dos tercios en el Senado para Juan Bautista Mahiques como Procurador General de la Nación, una combinación que desde el entorno judicial oficial desmienten haber acordado.

Pese a las exigencias provinciales, Javier Milei descarta reabrir la discusión sobre el tribunal supremo. Según trascendió desde el seno del Gobierno, el Presidente prefiere evitar un nuevo revés en la Cámara alta y se inclina por conservar el actual esquema de tres jueces hasta el final de su mandato en diciembre de 2027, lo que anticipa una dura pulseada hacia el cierre del año legislativo.