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La Cámara Nacional Electoral analiza emitir una acordada que prohíba la realización de elecciones concurrentes con sistemas de votación combinados en la provincia de Buenos Aires, a raíz de gestiones promovidas por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei para impedir que los cargos federales y provinciales se voten en una misma jornada con modalidades dispares. La medida, sustentada en advertencias logísticas y de seguridad, obligaría al gobernador Axel Kicillof a desdoblar el calendario electoral bonaerense, frenando su intención de unificar los comicios.
El debate central radica en la complejidad que implicaría la coexistencia de la Boleta Única Papel a nivel federal con la tradicional boleta partidaria de papel para las categorías locales. En un distrito que concentra más de 13,3 millones de votantes habilitados —equivalente al 37% del padrón nacional—, el electorado debería acudir a dos cuartos oscuros diferenciados para emitir su sufragio, esquema que los magistrados consideran un riesgo operativo inédito para comicios de carácter general.
Dentro del ámbito judicial, las conversaciones formales e informales se canalizan a través del presidente del tribunal electoral, Santiago Corcuera, y el titular del Juzgado Federal con competencia electoral en territorio bonaerense, Alejo Ramos Padilla. Ambos coinciden en las dificultades que acarrearía duplicar mesas o coordinar dos infraestructuras paralelas. Los jueces planean retomar los argumentos que la propia administración provincial esgrimió en turnos anteriores para sostener la inviabilidad técnica de sufragar con dos mecanismos superpuestos.
En el plano político, las gestiones del Ejecutivo nacional son conducidas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien ejerce injerencia sobre el Ministerio del Interior y el Correo Argentino, organismo neurálgico en el repliegue y distribución del material comicial donde recientemente se designó a Adrián González en la conducción.
De concretarse la resolución judicial, el fallo impactará directamente en la táctica electoral de Kicillof, quien proyectaba apoyarse en el arrastre territorial de los intendentes peronistas en una fecha única para potenciar su armado político, viéndose ahora condicionado por los límites normativos y logísticos que fijará la justicia electoral.
