
Cuatro relatores de la ONU advirtieron al régimen libertario de Milei por el recorte en asistencia alimentaria y comedores
TELEDIARIO.ar
Cuatro relatores especiales y grupos de trabajo de las Naciones Unidas enviaron una carta de trece páginas al presidente Javier Milei para advertir sobre el impacto del ajuste en programas de asistencia alimentaria y comedores comunitarios en Argentina desde diciembre de 2023, en un reclamo que se conoció este viernes tras cumplirse el plazo de dos meses para que el Estado presentara un descargo y permaneciera sin respuesta oficial.
El documento, fechado el 9 de septiembre, fue suscripto por Sofía Monsalve Suárez (relatora especial sobre el derecho a la alimentación), Koldo Casla (relator especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado), Shalmali Guttal (presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales) y Elena Carolina Díaz Galán (relatora especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos).
En la comunicación, los expertos señalaron que la información recibida plantea preocupaciones sobre el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas, con especial atención en mujeres, niños y niñas, hogares de bajos ingresos, campesinos, agricultores familiares y comunidades rurales. Asimismo, expresaron inquietud por la reducción o interrupción de apoyos a comedores comunitarios, familias y huertas familiares, comunitarias y escolares en hogares que dependen de esos recursos.
El origen del planteo se remonta a mayo de 2026, cuando el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Mesa Agroalimentaria Argentina y otras organizaciones presentaron antecedentes ante el sistema de derechos humanos de la ONU. El escrito de los relatores repasa medidas adoptadas desde diciembre de 2023, entre ellas los recortes en el programa Alimentar Comunidad, modificaciones en iniciativas vinculadas al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo destinadas a grupos de bajos ingresos y el DNU 70/23, que dejó sin efecto la ley de abastecimiento, la ley de góndolas y el Observatorio de Precios.
La difusión del reclamo coincide con el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de Presupuesto 2027, que contempla una reducción cercana al 10% en términos reales para el abastecimiento de comedores comunitarios y acumula desde 2023 un recorte del 47,6% en esos recursos, junto con la eliminación del programa Volver al Trabajo, del que participaban muchas personas que sostienen tareas cotidianas en los comedores. El escenario social también incluye la repercusión conocida la semana pasada sobre Stella Chávez, una jubilada que cobra la mínima y estuvo 35 días privada de su libertad tras intentar llevarse un pedazo de carne de un supermercado.
La nota de las relatorías concluye con diez preguntas dirigidas al Gobierno nacional que no fueron respondidas, entre ellas una consulta sobre cómo se promueve el diálogo constructivo con la sociedad civil afectada por estas políticas y regulaciones vinculadas al derecho a la alimentación y a poblaciones en situación de vulnerabilidad.


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